El desalojo de los últimos vecinos que aún quedaban en el bloque A de los apartamentos Don Pepe es una de las imágenes más tristes de este año. Propietarios legítimos de sus pisos, cuyas hipotecas han pagado durante años, al igual que todos los impuestos y tasas asociados a sus inmuebles, han tenido que abandonarlos por orden judicial, a instancias del Ayuntamiento de Sant Josep, que ha declarado la ruina del edificio, de 48 viviendas. La solución que ha ofrecido el Consistorio a los afectados, el alojamiento gratuito en otros apartamentos durante dos meses, prorrogables a cuatro, es una medida provisional que retrasará el momento en que estas familias deban sumar a sus cargas hipotecarias el pago del alquiler de otro piso donde vivir. A la dificultad de asumir unos gastos que fácilmente se acercarán a los 2.000 euros mensuales, se añade la desesperación de haber perdido para siempre y sin compensación la vivienda en la que han invertido mucho dinero e ilusión durante muchos años de su vida.

La indignación de los afectados está más que justificada. Pero ahora, cuando había que afrontar una importante obra de rehabilitación, se encuentran con que el Ayuntamiento no les puede dar permiso porque no aparece la licencia de construcción, de 1964, lo que hace que el edificio esté fuera de ordenación y legalmente no se le pueda otorgar la licencia para repararlo. En cambio, la licencia del bloque B, su gemelo, levantado a la vez, sí figura en los archivos municipales.

El criterio de los técnicos sobre el estado del edificio no es unánime: los del Ayuntamiento estiman que su situación es de ruina y hay riesgo de que la estructura colapse, pero no lo ven así los cualificados expertos a los que han recurrido los vecinos, que consideran que las patologías que sufre la edificación no son tan importantes y pueden ser reparadas. En todo caso, el criterio determinante es el de los técnicos municipales, que ha condicionado todas las decisiones adoptadas hasta ahora por el Consistorio y los tribunales.

El galimatías se complica aún más con el riesgo que puede existir para las personas, un riesgo «grave», según el Ayuntamiento, cuya responsabilidad es prevenir cualquier posibilidad de que se produzcan daños personales. La situación no puede ser más difícil. La pregunta es si el Govern balear y los partidos que lo sustentan, PSOE, Podemos y Més, han agotado todas las posibilidades para evitar el desalojo de los vecinos y el abandono o demolición del edificio. Porque dadas las graves consecuencias de esta decisión, que deja a decenas de familias sin sus viviendas y las empobrece enormemente, lo lógico habría sido buscar una forma de subsanar los daños y garantizar la seguridad del edificio para que pudiera seguir habitado. Los propietarios no piden dinero, lo que reclaman es que les dejen arreglar el inmueble con su propio dinero para no perder sus pisos. Una postura muy razonable. No sería la primera vez que se modifican normas legales y urbanísticas para hacer viables actuaciones que la voluntad política considera urgentes y necesarias. Sin embargo, la posibilidad de que el Parlament balear aprobara los cambios normativos necesarios para que el edificio pueda ser rehabilitado, aun sin disponer de licencia, no han prosperado por la falta de acuerdo entre los distintos grupos políticos. El Govern alega que la solución debe ser factible dentro del marco legal vigente, y que la propuesta del PP de modificar la Ley Urbanística para que sea posible arreglar edificios fuera de ordenación no serviría para el caso del bloque A de los apartamentos Don Pepe, porque la Ley de Costas también lo impide. Los partidos del Govern tampoco aceptan una modificación legislativa que en la práctica suponga una amnistía general para los infractores urbanísticos.

Sin duda, el embrollo es tremendo y las situación, sumamente compleja. Pero la realidad es que las consecuencias las paga el eslabón más débil: los propietarios obligados a abandonar sus viviendas, personas y familias que sufren un atropello injusto y padecen un enorme drama humano. En este caso se ha echado de menos que muchos responsables públicos se aplicaran esa definición tan certera de la política que la describe como el arte de lo posible, y buscaran soluciones de verdad para estas familias, más allá de un realojo temporal que no paliará el desastre al que se ven abocadas.

DIARIO DE IBIZA