El aumento del precio de los combustibles, la electricidad y las materias primas debido a la coyuntura mundial está golpeando de lleno a numerosos sectores, pero su impacto es especialmente grave en las islas, donde el coste del transporte por mar o aire encarece aún más los productos, servicios y desplazamientos que en otras zonas peninsulares. Este sombrío panorama se presenta cuando todavía no se ha superado la grave crisis provocada por la pandemia de coronavirus: las empresas y autónomos que han sobrevivido al parón impuesto por el covid, que aún no han tenido tiempo para recuperar la normalidad y los ingresos que aseguren su viabilidad, deben afrontar ahora un incremento disparado de los gastos, que no siempre pueden repercutir a sus clientes. En consecuencia, los residentes en Balears se enfrentan a un invierno duro, con una menguante capacidad adquisitiva con notables encarecimientos de lo más básico, como la luz o el carburante, y con una pérdida del poder de compra de quienes han podido ahorrar.

Las perspectivas no son halagüeñas, y se avecina una subida generalizada de los precios que aumentará aún más la carestía de la vida en las islas, tradicionalmente muy alta debido a la dependencia de la economía de la industria turística, que es inflacionista por definición.

Precisamente ese monocultivo explica que Balears fuera la autonomía cuya economía sufrió más por la pandemia, debido al freno que supusieron durante meses las restricciones para evitar la transmisión del virus, según pone de manifiesto la memoria del Consell Econòmic i Social (CES) de 2020, presentada esta semana. La consecuencia es que en las islas hay un gran porcentaje de la población que depende del sector turístico y cuya renta, por tanto, se ha reducido desde marzo de 2020, con el riesgo que esto conlleva de exclusión social y de vulnerabilidad ante adversidades como el aumento de la inflación. De este modo, confluyen unas circunstancias muy preocupantes: una población empobrecida por la crisis prolongada del covid que ya ha agotado sus recursos y un encarecimiento del coste de la vida.

Las administraciones deberán mantener el esfuerzo para atender las necesidades de esos ciudadanos a los que la crisis está afectando de forma más dura, y que afrontan desde una situación muy comprometida y sin recursos económicos el incremento de los precios de bienes y servicios, especialmente la electricidad.

«Hemos superado la etapa más difícil de la pandemia, pero han surgido nuevas amenazas que dificultan notablemente la recuperación económica y social»

Ante estas circunstancias, es apremiante aprobar la parte fiscal del Régimen Económico de Balears (REB), que prevé beneficios para paliar el sobrecoste asociado a la insularidad. El Gobierno central tiene la obligación de tramitarlo, pues así lo aprobó el Senado hace unas semanas con el voto en contra del PSOE, una oposición que no debería ahora traducirse en una mayor demora u obstaculización de estas rebajas fiscales para empresas y autónomos de las islas, que deben beneficiar también a los ciudadanos.

Hemos superado la etapa más difícil de la pandemia (al menos por lo que respecta a la situación sanitaria), pero han surgido nuevas amenazas que dificultan notablemente la recuperación económica y social de la crisis, con un nuevo escenario cuyos efectos aún no somos capaces de predecir, pero que debemos evitar a toda costa que se traduzca en más desigualdad y exclusión social.

DIARIO DE IBIZA