La interminable tramitación del Régimen Especial de Balears ha tenido esta semana un importante punto de inflexión: el Senado aprobó el miércoles impulsar el desarrollo de la parte del REB que contempla ventajas fiscales para las islas. Fue el PP, concretamente el senador ibicenco José Vicente Marí Bosó, el que presentó la iniciativa, que salió adelante gracias a los votos de Ciudadanos y unos extraños compañeros de viaje, Esquerra Republicana de Catalunya, Més, la izquierda confederal y Vox, con la abstención de Junts y Bildu. También resulta chocante que el PSOE votara en contra, pues el texto que rechazaron sus senadores era casi el mismo que en 2019 acordó con el Gobierno la presidenta de Balears, Francina Armengol.

Los socialistas han quedado en una posición muy comprometida al ir en contra de sus propios actos y oponerse a la iniciativa del PP, por muy oportunista que se pueda considerar, ya que esta oposición es muy difícil de justificar ante la ciudadanía. La única explicación posible, que no deja en buen lugar al PSOE ni a sus parlamentarios, especialmente a los de Balears, es que se deben a la disciplina de partido y no podían enfrentarse a la línea marcada por el Gobierno central en este tema. Pero con su actitud no han hecho más que anteponer las razones de partido a sus compromisos con la comunidad a la que representan. No es comprensible que un partido como el socialista, que ha reivindicado el REB y el desarrollo de su parte fiscal durante años, se oponga ahora al mismo porque la iniciativa la presenta el PP y porque considera que este régimen lo deben acordar los gobiernos central y autónomo. La realidad es que la parte fiscal del REB lleva dos años atascada, y la jugada del PP permite ahora impulsar su tramitación. Tampoco se entienden los argumentos del Govern balear para defender la decisión de los senadores socialistas, puesto que el resultado de esa votación va a beneficiar a la población de las islas, por mucho que critiquen «las tácticas del PP».

El Partido Popular, por su parte, ha aprovechado la coyuntura para apuntarse un indiscutible éxito político, pero conviene recordar que los dos grandes partidos han tenido un comportamiento similar respecto al REB: cuando están en la oposición mantienen una postura muy reivindicativa para defender los intereses de las islas, pero cuando llegan al Gobierno sus posiciones se diluyen y aparcan las mismas iniciativas que antes habían defendido vehementemente, hasta el punto de incurrir en contradicciones flagrantes, como la del PSOE el pasado miércoles. También el PP balear tuvo años atrás actitudes vergonzantes sobre el tema del REB en las Cortes, si bien en aquella ocasión hubo parlamentarios ibicencos que no se plegaron a la disciplina de partido.

Al margen de los juegos de estrategia política, el resultado de la votación supone una buena noticia para Balears, cuyos ciudadanos y empresas llevan años esperando un trato fiscal diferenciado para compensar el creciente sobrecoste de la insularidad. Las rebajas fiscales para Balears pueden ascender a 275 millones al año, una cantidad nada desdeñable. El Consejo de Ministros aprobó la parte fiscal del REB en 2019, pero aún hace falta que se tramite la ley correspondiente en el Congreso. En estos dos años el Gobierno socialista no ha iniciado su tramitación, a pesar de que así lo había acordado con Armengol. Ahora tendrá que hacerlo.

Al mismo tiempo, este episodio ha puesto de manifiesto también otras incoherencias del PP, que ataca de forma recurrente al PSOE por contar con los votos de Bildu pero no tuvo empacho en buscar su apoyo (en forma de abstención) para sacar adelante su iniciativa.

Sería un insulto que los beneficios que otorga a Balears el Régimen Especial de Balears se vean rebajados con una disminución del dinero previsto en los Presupuestos Generales del Estado para las islas, como parece que ha ocurrido. Balears está en el penúltimo lugar en inversión territorializada y recibe 30 millones menos que en el anterior ejercicio, lo que representa una caída del 14,5% en la inversión por habitante. Ni el Govern ni los parlamentarios de las islas en el Congreso y el Senado pueden consentir que lo que Balears recibe por un lado para compensar el coste de la insularidad se le recorte por otro con reducciones en las inversiones del Estado en el archipiélago.

DIARIO DE IBIZA