Un ictus cambió para siempre la vida de una mujer de Sant Antoni hace nueve años. Y la de su hija, que entonces tenía 16 años y tuvo que dejar los estudios y ponerse a trabajar para poder afrontar los mil euros que costaba el alquiler, y para los que la pensión no contributiva de su madre se quedaba muy corta. Esta mujer con un 81% de discapacidad pidió una vivienda protegida del Ibavi, pero como en Ibiza no había y en Mallorca sí, se inscribió en esta isla. El laberinto administrativo se complicó a partir de entonces: ambas se mudaron a Lloseta porque si no, perdían el lugar en la lista del Ibavi, a un lugar de cuestas, escalones y estrechas aceras inhóspito para una silla de ruedas. Y como tiene un alquiler social en este pueblo de Mallorca, el Ibavi le dice que ya no puede asignarle un piso en Ibiza, donde ahora sí se están construyendo viviendas protegidas. Es decir: que el Ibavi le ofrece una vivienda en Lloseta que ella tiene que aceptar porque con su pensión no puede pagar un alquiler y luego le quita la mitad de los puntos porque no está empadronada en Ibiza... Una situación demencial que pone de manifiesto las carencias dramáticas que arrastra Ibiza para atender a las personas más vulnerables. Si las normas no solucionan problemas tan graves como el de esta mujer, habrá que modificarlas. Porque no sirven.
