El repentino anuncio de cierre del Hippy Market de Punta Arabí, un mes antes de lo previsto, ha sacado a la luz la identidad de su propietaria, la controvertida empresaria Francisca Sánchez Ordóñez, conocida desde hace más de diez años en Ibiza por sus graves ilegalidades urbanísticas, por burlar las sanciones y órdenes de derribo utilizando todo tipo de triquiñuelas y por montar fiestas igualmente ilegales en sus villas que atormentan a los vecinos. Sánchez no llegó a un acuerdo económico con la empresa que explotaba el mercadillo hippy, Azuline, lo que desembocó en el adelanto del cierre de este lugar emblemático de Santa Eulària, una de sus señas de identidad desde hace décadas. Tras las quejas de los vendedores -unas 400 familias dependen directamente del mercadillo, y muchas más de forma indirecta-, Sánchez se reunió con ellos y garantizó que seguiría abierto.
Esta misma semana, Sánchez ha vuelto a ser noticia porque la Guardia Civil ha denunciado unas obras ilegales en Casa Rocío (sa Caleta) y ha solicitado al Ayuntamiento su paralización inmediata porque considera que ha podido cometer un delito contra la ordenación del territorio. Sánchez es la administradora de Inversiones Hoteleras El Faro, y pasó diez meses en la cárcel de Ibiza por defraudar más de 800.000 euros a la Hacienda pública. Otra de sus propiedades, Casa Lola, un complejo turístico de lujo ilegal en es Cubells, arrastra un rosario de ilegalidades que ha culminado con una sentencia firme de demolición de una parte de lo construido (que Sánchez intenta eludir por medio de argucias legales) y una multa de 1,4 millones. Y una más, Casa Paola, situada al lado, tiene una sanción firme de 340.000 euros por obras ilegales, y está pendiente de derribo, igual que Casa Lolita, porque se levantaron sin licencia, burlando descaradamente la legalidad.
El Ayuntamiento de Santa Eulària, muy interesado en la continuidad del mercadillo -uno de los lugares turísticos icónicos de la isla-, debe tener la máxima cautela con esta empresaria, cuya trayectoria demuestra que no tiene ningún escrúpulo en saltarse la ley para lucrarse. Sánchez se aprovecha de la exasperante lentitud de los procedimientos administrativos y judiciales para explotar impunemente durante años sus mansiones ilegales. Sin duda le compensan económicamente las ilegalidades que comete y sus constantes desafíos a las instituciones, especialmente al Ayuntamiento de Sant Josep, en cuyo municipio ha cometido la mayoría de sus abusos. Obtiene así pingües beneficios, sin que su pertinaz reincidencia la penalice.
Por los antecedentes que acumula Sánchez, los vendedores que esta semana celebraban su buena disposición y su apoyo para mantener abierto el mercadillo harían bien en preocuparse por lo que les pueda deparar el futuro. El popular Hippy Market de Punta Arabí inicia una etapa incierta. Los vendedores han ganado un mes y podrán trabajar durante todo octubre, como estaba previsto, pero la próxima temporada puede pasar cualquier cosa, así que el Ayuntamiento debería ir pensando qué hacer si la propietaria decide que ya no le interesa tenerlo en su ubicación de siempre o si simplemente quiere exigir unos precios desorbitados que pongan en jaque a los vendedores y la viabilidad del propio mercadillo.
DIARIO DE IBIZA
