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Josefina Bueno

Tribuna

Josefina Bueno

Senadora

Libertad prometida, intolerancia practicada

El aborto es legal en nuestro país como lo es el matrimonio entre personas del mismo sexo. Cualquier intento de cuestionarlo, boicotearlo o dificultarlo supone una vuelta al pasado. Si me jaleas o me señalas, me estás acosando y me estás sometiendo a un juicio que no cabe ante un derecho amparado por ley. ¿Alguien se imagina que, a las puertas de un juzgado, un grupo de personas intentara intimidar, despreciar o juzgar a dos personas del mismo sexo que acaban de sellar su relación? Pues el acoso a mujeres que deciden interrumpir su embarazo a las puertas de las clínicas donde se practican abortos es un señalamiento que nadie merece. Mucho menos las mujeres que se ven obligadas a ello, porque peligra su propia vida, por ejemplo. El escarnio público sólo contribuye a que se sientan peor y a vivir la experiencia traumática como si hubiesen delinquido.

Las noticias, que se van sucediendo casi por goteo en los últimos meses, demuestran que, de la legislación a la práctica, puede existir una verdadera carrera de obstáculos. Hay datos que dan que pensar: sólo 6,2% de los 100.000 abortos que se realizan anualmente en España se hacen en hospitales públicos. Cinco comunidades autónomas (Extremadura, Madrid, Castilla-La-Mancha, Murcia y Aragón) y las ciudades de Ceuta y Melilla no practican abortos en la sanidad pública al parecer. Ya vimos hace unos meses en un programa de televisión cómo las mujeres en Murcia no pueden abortar en ningún hospital público porque todos los ginecólogos del Servicio Murciano de Salud se han declarado objetores de conciencia, obligándolas a desplazarse fuera de su comunidad a clínicas privadas en las que, en algunos casos, los medios no son los de la sanidad pública. Se alude a la objeción de conciencia amparada en el artículo 30.2 de la Constitución, pero ésta puede conculcar otros derechos, como los que ampara una ley aprobada por las Cortes Generales. ¿Cuántas objeciones de conciencia pueden surgir en el futuro alterando así nuestras garantías de ser atendidas por la sanidad pública? Objetar en conciencia es un derecho, pero lo público –la sanidad- es para todos y todas. Al margen de polémicas estériles, habrá que encontrar alternativas para que cualquier persona pueda ejercer sus derechos dentro de la cartera de servicios públicos. De lo contrario, las leyes se convertirían en algo inaplicable a expensas de la conciencia de los facultativos, derivando el disfrute de esos derechos a la sanidad privada. Menudo galimatías. No es el único caso en que pueden chocar derechos individuales. Leo en la prensa que hace unos días, se suicidó una mujer en la Comunidad de Madrid por las dificultades y trabas que había encontrado para acogerse al derecho a una muerte digna reconocida en la nueva ley.

El PSOE presentó la semana pasada en el Congreso una proposición para penalizar el acoso a las puertas de las clínicas que obtuvo el respaldo de todos los grupos parlamentarios excepto el PP y Vox. Esta negativa demuestra que la célebre frase de Simone de Beauvoir: «No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados», sigue de actualidad. El aborto, los derechos sexuales y reproductivos, el matrimonio entre personas del mismo sexo han supuesto grandes avances y han mejorado la vida de las personas. Lamentablemente, estamos asistiendo a una ola reaccionaria que recorre el mundo –de Polonia a Texas- en nombre de añejas concepciones políticas y religiosas. Resulta difícil de entender que alguien en nombre de una religión o creencia plantee retrocesos en los temas que acabo de mencionar. Los derechos se conquistan y no caben retrocesos. El PP ha decidido ser pareja de Vox en lo que a derechos y libertades de las mujeres se refiere. Hace unos días, el Parlamento Europeo votaba una propuesta para incluir la violencia machista en la lista de delitos comunitarios, como el terrorismo. El PP se abstuvo y Vox votó en contra, aunque la propuesta salió adelante. Esto demuestra un incomprensible desprecio por las condiciones de vida y la dignidad de las mujeres y un acercamiento a la ultraderecha que se convierte, por desgracia, en una excepción europea. Véase cómo la derecha francesa o alemana ha impuesto un cordón sanitario. Decía Casado hace unos días refiriéndose al Gobierno, que no se puede soplar y sorber al mismo tiempo, y este parece ser es el dilema del Partido Popular que promete libertad a la vez que niega derechos y anima comportamientos intolerantes. Tenemos graves problemas como sociedad y los partidos de la derecha están dando muestras de una irresponsabilidad defendiendo tesis negacionistas y animando la intolerancia. El PP sabe que el aborto, la eutanasia o la violencia que sufren las mujeres tienen un respaldo mayoritario de la opinión pública. Ir de la mano de la ultraderecha no sé si les llevará a la Moncloa, lo que sí sé es que aumentará el sufrimiento de muchas personas y que supone un desprecio hacia lo que votó la mayoría de la ciudadanía.

Josefina Bueno Alonso | Senadora

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