El fin de las restricciones ha llegado prácticamente a todos los sectores, salvo a la educación. Mientras que al aire libre todas las actividades ya están permitidas sin mascarilla, en el patio y en las clases de Educación Física los estudiantes están obligados a llevarla todavía, así como en las excursiones que hagan al exterior. Una iniciativa de familias ha recogido más de 6.000 firmas en Balears para pedir la eliminación de los tapabocas en los recreos, una reivindicación lógica pero a la que las conselleries de Educación y Salud no acceden, al menos por el momento. Hace meses que se puede estar en la calle o fuera de cualquier recinto cerrado sin mascarilla, salvo que no sea posible mantener la distancia mínima entre las personas. Tampoco se exige en las terrazas ni en ninguna actividad al aire libre; incluso están abiertos los interiores de bares y restaurantes, donde no se usa mascarilla porque se come y se bebe. ¿Por qué entonces sigue siendo obligatoria en los patios de los centros y en las clases de Educación Física? Es necesario que tanto Salud como Educación se replanteen esta medida, pues es contradictoria con la realidad que se vive en el resto de la sociedad.
Pero el uso de la mascarilla en el exterior no es la única medida cuestionable en los centros escolares, donde este curso se aplica un protocolo incluso más estricto que el pasado, a la hora de determinar los contactos estrechos y quiénes deben guardar cuarentena. Al haber eliminado los grupos burbuja y las limitaciones en las interacciones de los estudiantes, cuando en una clase de Primaria se da un positivo, deberán hacer cuarentena de diez días los contactos estrechos y quienes no hayan utilizado correctamente la mascarilla, y si en la prueba de PCR al grupo sale un positivo más, todos los estudiantes de la clase deberán permanecer aislados durante diez días (puesto que no están vacunados). En el caso de Educación Especial e Infantil, como los alumnos no llevan mascarillas, un solo caso obliga a confinar a toda la clase. En un principio, esta última norma también regía en Primaria, lo que suscitó quejas de docentes y familias por el grave trastorno que supone para la organización familiar que uno de los progenitores tenga que dejar de trabajar, y renunciar al sueldo, para cuidar al hijo que debe quedarse en casa. Sin embargo, el cambio que han aplicado las conselleries ha sido mínimo: con un solo caso positivo más, se confinará a toda el aula diez días.
Tanto la Associació de Professionals Docents d’Ibiza (APDE) como la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos han llamado la atención sobre el impacto que tiene y tendrá este protocolo en las familias, puesto que no todos los empleados tienen la posibilidad de faltar sin consecuencias a su puesto de trabajo, ni pueden encajar una reducción de ingresos en las ya maltrechas economías, tras la larga crisis que ha provocado la pandemia.
Indudablemente, hay que velar por que los centros educativos sean lugares seguros, y esto sólo se logra mediante la aplicación de medidas sanitarias de prevención. Es la forma de garantizar que el curso se pueda desarrollar con normalidad académica y con presencialidad, una prioridad irrenunciable. Pero al mismo tiempo hay que reflexionar sobre si las medidas que estamos imponiendo a los niños y adolescentes en los colegios e institutos son proporcionales y se corresponden con las que rigen en el resto de ámbitos de nuestra vida cotidiana, como en la restauración o en los viajes. Por ejemplo, si un adulto puede viajar con una prueba negativa, ¿por qué un niño que ha dado negativo tiene que mantener una cuarentena de diez días? Las conselleries de Educación y de Salud no deberían esperar hasta febrero para revisar las medidas en los centros. Deberían hacerlo ahora y en consonancia con las que se están aplicando en otros sectores.
DIARIO DE IBIZA
