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Será por mis pocas luces pero a mí me cuesta entender el pollo que se ha montado con la ampliación, abortada de momento, del aeropuerto del Prat de Llobregat. ¿De verdad pretende alguien que nos creamos que los responsables de una inversión de 1.700 millones de euros prevista desde hace varias legislaturas no dispusieron nunca de un informe sobre los daños que sufriría el humedal de la Ricarda, protegido por la Unión Europea? ¿Acaso no advirtieron a los ministros y los dos presidentes, el del Gobierno y el del Govern, la legión de asesores con la que cuentan, detallándoles no sólo las consecuencias de tipo ecológico que se presentarían sino el impacto que habría de producir la noticia de la reforma del aeropuerto en los medios de comunicación y, más allá, en toda la sociedad catalana? Y quizá lo más significativo de todo, los altos cargos de la política con sede en Madrid y en Barcelona, ¿no sopesaron entre ellos esas dificultades antes de que la noticia de la inversión se hiciese pública? Más aún, ¿de verdad se decidió suspender su pago con cargo a los fondos del Estado sin hablar siquiera desde la Moncloa con la Generalitat?

El diario de más venta en España ha editorializado acerca del conflicto poniendo el foco en el debate entre crecimiento económico y sensibilidad medioambiental. Quizá piensen sus responsables que así, derivando hacia otros lugares la polémica, se protegen mejor los intereses de los partidos que sostienen a Pedro Sánchez en la presidencia. Pero en mi opinión queda muy claro que el verdadero conflicto del que estamos hablando se encuentra en la concepción y manejo de las opciones políticas. Repasemos en qué medida se han desarrollado.

Hay de entrada, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que se ha jactado de la victoria de los ciudadanos catalanes al haberse suspendido la reforma. ¿Victoria frente a quién? El disparate mayor llega con la respuesta. Cabría suponer que el derrotado con el fiasco de la inversión es Pere Aragonès, que preside el Govern, o quizá Pedro Sánchez, que hace lo propio con el Gobierno. Colau, como se sabe, ganó las elecciones de la mano de una coalición que incluye a Podemos. El mismo partido al que pertenece la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. Pues bien, ésta debe considerarse también victoriosa porque ha asegurado que lleva tiempo intentando cargarse el proyecto de ampliación del aeropuerto de Barcelona. Ah, pero ¿no se discute una inversión de ese calibre en el Consejo de ministros? ¿Y no son todos sus componentes solidarios respecto de las decisiones que al final se toman? Que Yolanda Díaz y Pedro Sánchez pertenezcan a partidos diferentes no disminuye en absoluto la perplejidad que se siente al ver cómo funcionan los proyectos gubernamentales, de qué forma van gestionándose y en qué medida reciben la luz verde.

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