Si alguien viaja a la selva amazónica no se extrañará de que le exijan que se vacune para evitar ciertas enfermedades, ni se lo tomará como que alguien intenta controlar su voluntad con la inoculación subrepticia de un chip. Sin embargo, en mitad de una pandemia que ha devastado el mundo, que ha acabado con la vida de más de 80.000 personas en este país, que ha colapsado nuestro sistema sanitario, que nos ha obligado a encerrarnos, a no relacionarnos y a vivir con mordaza; que ha confinado y aislado durante meses a los mayores en las residencias; en medio de este escenario de película de terror, se da la chocante paradoja de que hay trabajadores de estos centros que aún no están vacunados. En Ibiza son 176 empleados que se han convertido en un serio factor de riesgo para los internos, especialmente vulnerables ante el virus. Mientras que a estos trabajadores no se les exige que se vacunen para no poner en peligro a las personas frágiles a las que cuidan a diario, con las que conviven, a las familias de los mayores sí les piden que cuando éstos salgan del centro sólo se relacionen con personas vacunadas. Tras año y medio de pandemia, ya va siendo hora de plantear la obligatoriedad de la vacuna en lugares tan sensibles como las residencias.
