Gracias a la vacunación masiva que se está llevando a cabo en España el número de fallecidos por el virus Covid-19 ha descendido de manera drástica. El esfuerzo realizado por el personal sanitario y no sanitario de las Comunidades Autónomas y del Ministerio de Sanidad del Gobierno involucrado en la gestión del proceso de administración de las vacunas en un tiempo récord, ha vuelto a resaltar, una vez más, la importancia de unos servicios públicos con personal suficiente y bien remunerado. El dolor al que los españoles nos hemos enfrentado con esta pandemia sólo se puede comparar en nuestra historia reciente con la pérdida de población que se produjo por la Guerra Civil española. Al drama humano de los fallecidos por covid-19, personas a las que este virus ha arrebatado de media doce años de vida, hay que sumar el desastre económico que se ha extendido por todo el país y que ha afectado de manera transversal a multitud de elementos que forman el sistema productivo con especial incidencia en el turismo, la restauración y productos no esenciales.
Como el lector recordará en el mes de mayo de 2020, en lo más duro de la pandemia, durante varias semanas se llevaron a cabo manifestaciones en calles del centro de varias ciudades, a pesar de estar prohibidas por la situación excepcional que se vivía, por grupos de personas que al grito de libertad y con proclamas en contra de la situación de dictadura en la que según ellos se encontraba España se dedicaron a golpear cacerolas y ollas con algún utensilio de metal. Al principio aquellas personas parecían un meme de sí mismas, es decir, una broma con la que se quiere ridiculizar de manera cómica una actuación concreta de una persona, por cuanto se vestían y comportaban pareciendo que querían ser a tomados a chufla por la ciudadanía. Ellas solían llevar sombreros de lluvia, de esos que se ajustan a la cabeza, a pesar de que hacía semanas que no llovía en Madrid y ellos portaban gorras de beisbol con esas chaquetas de tres cuartos que se utilizan para ir a cazar patos. Aquellas manifestaciones se acabaron cuando volvieron a abrirse los bares y se permitió la movilidad en las ciudades pudiendo acudir a las casas de los manifestantes las empleadas del hogar.
Lo que molestó a los manifestantes fue que se vieron tratados de igual manera que el resto de los mortales. Por primera vez en su vida el dinero y la posición social no servían de nada. Tuvieron que hacer cola en el supermercado como los demás y aprender a realizar las tareas domésticas.
La segunda parte de aquel resentimiento que se generó durante el confinamiento surgió cuando las vacunas empezaron a administrarse a los grupos de riesgo y a las personas de mayor edad. Aparecieron los antivacunas, personas sin ningún conocimiento médico ni científico, que en el mejor de los casos se informaban gracias a videos de youtube de conocidos conspiranoicos antivacunas o a canales de televisión ultra conservadores. El rechazo a las vacunas sin ningún argumento científico otorgó a estas personas la posibilidad, por una parte, de significarse frente a los demás. Después de largos meses siendo uno o una más con obligación de someterse a las normas de obligado cumplimiento emanadas por las autoridades sanitarias, declararse contrario a la vacuna contra el covid-19 que tantas vidas está salvando fue una manera de llamar la atención, aun a costa de hacer el ridículo. Y, por otra parte, fue una nueva manera de tachar de ilegítimo al Gobierno de coalición progresista. Pedro Sánchez, decían, había aprovechado la pandemia para instaurar una especie de dictadura en la sombra aprovechándose de los poderes que las leyes le conceden para convertir España en una dictadura bolivariana-chavista-comunista.
Como he dicho al principio con esta pandemia se ha demostrado, una vez más, la importancia de una sanidad pública bien dotada de medios y con profesionales bien pagados. Ha sido en ella donde se ha luchado por la vida todos los días desde hace un año y medio. Afortunadamente las manifestaciones de profesionales de la medicina de hace varios años en defensa de la sanidad pública conocidas como ‘la marea blanca’ evitaron, junto con la acción de la justicia, la privatización generalizada de la sanidad en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Una sanidad privatizada conforme al modelo ultraliberal basado en la sanidad como negocio hubiese sido devastador para la vida de los españoles. Un ejemplo de lo que podría haber sido lo tenemos en el inasumible número de muertos ocurrido en las residencias de ancianos de mayores de la Comunidad de Madrid. Al encontrarse los hospitales públicos saturados se emitió la orden desde la Comunidad de Madrid de que sólo fueran trasladados a hospitales privados aquellos ancianos que contasen con póliza en vigor de seguro médico privado.
En el mes de mayo de 2020, y al ser preguntada por la idoneidad de iniciar la desescalada en la Comunidad de Madrid dado el elevadísimo número de contagios y muertes que había por aquel entonces, Isabel Díaz Ayuso contestó que «todos los días hay atropellos y por eso no prohíbes los coches».
