El desalojo del bloque A de los apartamentos Don Pepe, en es Codolar, debido al peligro de que su estructura colapse y se derrumbe, según los técnicos del Ayuntamiento de Sant Josep, ha puesto en pie de guerra a las familias afectadas, que se niegan a abandonar sus viviendas (30) hasta que el juez se pronuncie sobre su solicitud de paralización cautelar del desalojo. Se trata de un problema muy complejo, pues si bien es cierto que el Consistorio no puede pasar por alto los informes que le advierten del riesgo que entraña la ruina del inmueble para sus ocupantes (ya que si ocurre una desgracia sería responsable de no haber actuado para evitarla), también es cierto que los propietarios de los pisos esgrimen otros estudios técnicos que avalan que el edificio se puede reparar. El Consistorio argumenta que no puede dar permisos de obras de reforma porque el edificio está fuera de ordenación, pues no aparece la licencia de construcción, aunque sí está la del edificio gemelo, ambos levantados en 1964. De hecho, por esta razón la oferta de compra que ha hecho el Ayuntamiento se refiere solo al suelo y no al edificio. Sin embargo, a lo largo de estos casi 60 años los pisos se han comprado y vendido, se han formalizado hipotecas (para concederlas, los bancos antes revisan el estado del inmueble), el Ayuntamiento ha cobrado los impuestos correspondientes... Los propietarios deberán seguir pagando sus hipotecas hasta el final a pesar de que ya no tendrán su vivienda, que sin embargo adquirieron de forma legal.
El Ayuntamiento ha mostrado una preocupante falta de empatía con los afectados y de previsión, y ha cometido errores de comunicación desde que este problema estalló hace un año, cuando se desplomó el techo de una habitación, sin causar daños personales, y ya ordenó el desalojo de varios pisos. Las personas a las que obliga a abandonar sus hogares de un día para otro no deberían enterarse por los medios de comunicación, sino que tendrían que recibir la información directamente del Ayuntamiento, que también debería haberse anticipado y ofrecer soluciones aceptables para los vecinos, aparte del realojo durante dos meses en otro apartamento.
Los propietarios defienden que el edificio se puede arreglar. Si la reparación de la estructura para consolidarla y evitar cualquier riesgo es posible, el Ayuntamiento debería buscar la forma de hacerla administrativamente viable. No puede ser que una simple traba burocrática sea el obstáculo que impide la mejor solución. El urbanismo depende de decisiones políticas y siempre hay vías legales cuando existe voluntad política; de hecho, en otras ocasiones se han encontrado soluciones para legalizar zonas construidas que no encajaban con el ordenamiento vigente.
El Consistorio debería agotar todas las opciones antes de seguir adelante con una demolición que dejaría sin hogar a muchas familias. Y en caso de que mantenga que el derrumbe y el desalojo es la única opción, tiene que explicar qué va a pasar con las hipotecas de los propietarios, a quienes ofrece una cantidad ridícula por sus viviendas que no les permitirá cancelar sus deudas ni pagar a la vez la letra y un alquiler. Ahora un juez tendrá la última palabra sobre la ejecución inmediata del desalojo, pero el camino judicial para el caso de los Don Pepe, que se presenta largo y tortuoso, no parece la mejor ni la más rápida solución que necesitan los afectados.
DIARIO DE IBIZA
