Me miro en el espejo por la mañana, con la cara de tonto de recién levantado, y me pregunto qué sería de mí si tuviera que abandonar mi casa en tres días con todos los bártulos, muebles y recuerdos, con una hipoteca de la que quedan 20 años por pagar y con la obligación de buscar un techo digno para mí y para mis hijos en una Ibiza donde los alquileres están a precio de magnate ruso, con solo 29.000 euros en el bolsillo. El drama que están viviendo los vecinos de los apartamentos Don Pepe que deben desalojar el edificio nos pone ante el espejo de nuestras propias vidas. Es difícil no empatizar con ellos leyendo sus historias y viendo las fotos de los afectados concentrados con pancartas ante el bloque. Puede que el problema es que este asunto se esté tratando desde una óptica meramente técnica, cuando aquí lo importante son las 60 personas que se quedan en la calle. El hecho de que el edificio tenga o no licencia o esté dentro o no de la ordenación urbanística es secundario. El principal objetivo de las administraciones debe ser velar por el bienestar de los ciudadanos y buscar una solución humana por encima de los papeles. Y no me refiero solo al Ayuntamiento de Sant Josep, el Consell y el Govern también podrían arrimar el hombro.
