Estoy convencido de que estos días son muchos los josepins, portmanyins, vileros y santaeularienses que sienten envidia sana por los joanins, después de que el Consell Insular, a petición del Ayuntamiento, haya aprobado una modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Sant Joan que prohíbe las discotecas y los clubes de playa. Con esta medida, el municipio norteño se blinda frente a este tsunami que, de una forma absolutamente abusiva, se ha adueñado de numerosas calas, llevando hasta ellas la fiesta y los espectáculos de música electrónica con una alta concentración de decibelios, rompiendo el equilibrio que antes existía en dichos parajes naturales.

La medida permite la celebración de conciertos de música en vivo en pequeño formato y espectáculos en los hoteles, siempre que no se superen las doscientas personas. Aunque no especifica si estas actividades son exclusivamente para clientes alojados, en línea con la sentencia del TSJB del pasado noviembre, que impide que dichos espectáculos se dirijan a público exterior. Sin embargo, se cierra en banda a los grandes eventos musicales diurnos, al estilo de los que se producen sobre todo en hoteles-discoteca y clubes de playa de la mitad sur de la isla, que tienen lugar en enclaves totalmente inapropiados y establecimientos que no están debidamente insonorizados. Dice el alcalde de Sant Joan que las fiestas de carácter multitudinario no son adecuadas para su municipio, ya que en el norte se apuesta por un turismo sosegado, tranquilo y familiar. “Buscamos cierta atracción, pero no al son de la música que marcan algunos”, declaró la semana pasada.

Para encontrar encaje legal a este cambio normativo, el Consell se ha escudado en la figura de “movilidad singular”, ya que la afluencia que reciben este tipo de negocios genera una densidad de tráfico y unos colapsos en las vías circulatorias que el municipio no puede asimilar. Hay estudios que han determinado que un evento al que acuden más de 200 personas ya se traduce en unos 1.000 viajes, algo que, según explicó el vicepresidente primero del Consell, las carreteras y caminos de Sant Joan no pueden asimilar.

Esta óptica a la hora de abordar el asunto es, sin duda, novedosa porque hasta ahora los argumentos que se habían barajado en contra de los clubes de playa y los hoteles-discoteca eran que molestan a los vecinos, incordian a los bañistas que no quieren participar de sus espectáculos y, para colmo, no disponen de una auténtica licencia de actividad que ampare los espectáculos musicales que organizan a diario al aire libre, atrayendo a cientos y miles de personas.

Todos ellos se escudan en una ambigua ley turística aprobada en 2012 que permite a los alojamientos y restaurantes ofrecer actividades complementarias, sin ofrecer más detalles. A través de este resquicio legal se han colado una serie de negocios que directamente incumplen el espíritu de la ley, ya que sus actividades musicales, desde el principio, no pueden considerarse complementarias sino claramente principales. Lo demuestra el hecho de que los propios promotores de estos negocios llaman a su hotel “discoteca” y a su restaurante “beach club”, en la inmensa mayoría de anuncios, promociones y hasta en las entradas que cobran; o cada vez que aluden a ellos en los medios de comunicación.

Dicha visión, que sitúa en el epicentro de la polémica la problemática que generan los movimientos masivos de gente en torno a estos espectáculos, especialmente aquellos que no están comunicados a través de infraestructuras viarias adecuadas, constituye una importante variación y conduce a una conclusión difícilmente rebatible: si dicho argumento vale para impedir que se celebren espectáculos masivos en Benirràs o el Port de Sant Miquel, debería de ser igualmente aplicable en es Jondal, Cala Bassa, Platja d’en Bossa o el Parque Natural de ses Salines, entre otros lugares.

Bajo este punto de vista, parece lógico que las principales discotecas de la isla fueran ubicadas en su momento en zonas urbanas o junto a las principales arterias de comunicaciones de la isla, con accesos y áreas de estacionamiento adecuadas, y no transformando cualquier trozo de campo o playa en un parking, cuando además está en suelo rústico. La misma lógica por la que, cuando los problemas de convivencia se hicieron insostenibles, se les obligó a cubrir sus pistas de baile al aire libre para impedir que el sonido traspasara estas instalaciones.

Los aspectos positivos que tiene la prohibición implantada en Sant Joan se traducen, en consecuencia, en un agravio comparativo para el resto de ciudadanos de la isla. La polémica del ocio, como tantos otros asuntos, requiere de una vez por todas una norma común para toda la isla. Idéntico derecho tienen a circular con seguridad y sin colapsos los vecinos de Sant Josep o Sant Antoni que los de Sant Joan.

@xescuprats