La crisis del equipo de gobierno de Sant Antoni se ha saldado de la única manera posible, con la dimisión del concejal de Hacienda, Xicu Cardona, tras destapar este diario que había construido una vivienda ilegal y, ya siendo edil (del PP, en la oposición, durante el anterior mandato), una piscina que igualmente carecía de licencia alguna. La reacción inicial del alcalde, Marcos Serra, empeoró de forma notable la crisis y le ha dejado muy debilitado políticamente, tanto frente a sus socios de gobierno (Ciudadanos y Proposta per Ibiza/PI) como frente a la oposición.

Serra quitó importancia a la ilegalidad urbanística y rechazó de entrada la dimisión de Cardona alegando que aún no era concejal del equipo de gobierno cuando construyó su piscina. Fue días después, cuando trascendieron nuevas circunstancias del caso, creció la presión de sus socios de coalición y la situación ya era insostenible, cuando Serra admitió la dimisión de Cardona, que la presentó sin asumir tampoco la gravedad de los hechos. El mensaje que han transmitido el alcalde, el PP y el propio dimisionario es que hay infracciones a la legalidad que no son importantes, como las de Cardona, lo que es una temeridad en una isla donde la tolerancia y la política de hechos consumados caracteriza el urbanismo desde tiempos inmemoriales. Construir saltándose las normativas y esperar a que el tiempo acabe con la ilegalidad prescrita o regularizada es una forma de proceder muy extendida en esta isla. Justamente lo que esperaba Cardona. ¿Qué ejemplo dan el alcalde, que además ha asumido el departamento de Urbanismo, y el propio PP, al restar gravedad a los hechos y defenderse de las críticas de la oposición socialista con la estrategia pueril del «y tú más»?

El PP ha logrado salvar el pacto de gobierno, aunque su continuidad es incierta y podría estallar en cualquier momento, dinamitado por un primer teniente de alcalde como Joan Torres, de PxE, convertido en una constante fuente de críticas e inestabilidad interna. Hace unas semanas dedicó duras críticas al alcalde por el atasco que sufre el departamento de Urbanismo, una situación que después de dos años de mandato ya no se puede achacar a la herencia recibida del anterior gobierno municipal de PSOE-Reinicia-PI. Torres es un socio quejoso que hace valer su condición de llave de la gobernabilidad y no ofrece fidelidad ciega durante el mandato; de hecho, ya anunció que convocará una votación en su partido sobre la conveniencia de mantener la coalición o romperla. Los antecedentes no dejan lugar a dudas sobre su volubilidad: ya rompió con sus socios anteriores de izquierdas pocos meses antes de las elecciones. La estrategia de Torres es recordar de forma permanente que el que gobierna depende de su voto.

No obstante, tanto Torres como el concejal de Ciudadanos, José Ramón Martín, han reaccionado con tibieza a la crisis abierta por las ilegalidades de Cardona, al menos en sus declaraciones públicas, seguramente para no agravar la crisis ni posicionarse junto a la oposición y avivar así el escándalo. Esta postura timorata es sin embargo contradictoria con la vehemencia con que ambos partidos dicen abanderar la regeneración de la política. También los que alardeaban de representar nuevas formas de hacer política (incluido el propio alcalde del PP, que debutó en las pasadas elecciones municipales) han acabado cayendo en las mismas prácticas que abonan la desafección ciudadana hacia los políticos, incapaces en su inmensa mayoría de asumir errores y responsabilidades. Al final también acaban recurriendo a las mismas estrategias de sectarismo, cortinas de humo y huida hacia adelante para mantenerse en el poder.

DIARIO DE IBIZA