La devaluación del personaje en el caso de Fernando Grande-Marlaska es altamente significativa. Aunque es arriesgado afirmar que no ha existido nadie en la política que haya traicionado tantas veces su figura, se podría decir que el ministro del Interior ocupa un lugar preferente en el canon de la traición personal. No se conocen casos igual de concienzudos en el empeño de arruinar una reputación. Es verdad que su intachable trayectoria como juez azote del terrorismo empezó a diluirse en 2013, cuando decidió sumarse a la política de excarcelaciones de etarras impulsada por la Fiscalía a instancias de Rajoy. Entonces se podría haber intuido la predisposición del ministro a labrarse cualquier otro tipo de fama provechosa, al margen del prestigio adquirido inicialmente. No tardaría en coleccionar actuaciones sectarias y vengativas al frente de la seguridad del Estado, hasta llegar a esta última sentencia que obliga a restituir al coronel de la Guardia Civil con quien ejerció represalias por el simple hecho de cumplir con su deber o negarse a facilitar una información judicializada sobre las pesquisas por el “caso 8M”. Pérez de los Cobos adujo entonces que no podía desvelar una información secreta en manos de un magistrado, pero Grande-Marlaska decidió que el coronel solo debía responder ante él con obediencia ciega y lo fulminó. Entre tanto, hizo lo posible por negarle el ascenso a general que le correspondía por el escalafón. Ahora, tras el fallo de la Audiencia, tendrá que reponerlo en el cargo que tenía cuando se produjo el cese.
Destituir a alguien y emprender contra él una vengativa cruzada personal por mantenerse fiel a la legalidad supone, además de unos instintos deplorables, el desconocimiento de la ley. Y un miembro del Gobierno no puede desconocerla hasta el punto de que tenga que venir un magistrado a recordarle que se ha cargado a un mando de la Guardia Civil por una rabieta sectaria impropia de un demócrata. Grande-Marlaska ya está tardando en dimitir.
