El caso Huerta es el ejemplo de cómo cuando la justicia se dilata durante años deja de ser justicia y lo que queda es la impunidad y la sensación de estafa en los ciudadanos. Este caso inició su intrincado camino judicial en 2005, cuando el GEN denunció unas obras de una urbanización en Cala Molí que invadían una zona protegida e inedificable. El principal responsable de la trama de corrupción urbanística de Sant Josep, el arquitecto municipal Antonio Huerta Briz, falleció en 2016 por causas naturales, sin haber ido a juicio todavía pese a que ya habían transcurrido 11 años desde el inicio de la causa. Sólo la instrucción de la misma se prolongó durante una década, lo que ya es de por sí un plazo excesivamente largo. Aquí viene la primera pregunta: ¿por qué tardó tantísimo la instrucción?
El caso se cerró el lunes con la confesión pactada de los otros dos acusados, el hijo y la exnuera de Huerta, también arquitectos, que han reconocido que formaron parte de una trama para acaparar los proyectos urbanísticos que se ejecutaban en el municipio donde el cabecilla de la red ejercía como arquitecto municipal (lo que le inhabilitaba para intervenir en proyectos privados sobre cuya legalidad tendría que pronunciarse luego en su condición de técnico de la Administración pública). Huerta Briz ocupó este cargo público entre 1998 y 2007, y su hijo, Antonio Huerta Chamorro, y Pilar Fernández, fueron colaboradores necesarios en unas actividades delictivas que se prolongaron entre 1999 y 2006. Sin embargo, a estos dos arquitectos les ha salido muy barato haberse lucrado de forma ilegal y haber sido integrantes fundamentales de esta trama familiar: han pactado con la acusación particular del Colegio de Arquitectos de Balears (que destapó y denunció la trama recurriendo a unos detectives privados que se hicieron pasar por promotores inmobiliarios) una confesión de los hechos. De este modo, el caso se ha saldado con una multa de 1.080 euros para cada uno de los procesados por un delito continuado de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de abusos en el ejercicio de su función. También pagarán las costas del proceso, 8.000 euros. Reconocen que fue “un grave error” y se comprometen a no reincidir. La petición original de penas del Colegio era muy superior para ambos, e incluía cárcel para Fernández (que firmaba los proyectos que dirigía Huerta Chamorro y se elaboraban en su despacho privado), inhabilitación para los dos y una sanción de 54.000 euros para cada uno. Es difícil entender este acuerdo, que evita que Huerta y Fernández pasen por la vista oral y tengan una condena mayor. Pero el Colegio de Arquitectos se da por satisfecho con la confesión de los acusados, que demuestra las actividades ilícitas cometidas y evita cualquier posibilidad de que los dos acusados quedaran absueltos. En cualquier caso, la desproporción entre los hechos reconocidos y la pena es más que sorprendente.
En este desenlace ha influido que el principal responsable de la trama, el arquitecto municipal Antonio Huerta Briz, ha fallecido y que los dos acusados eran meros peones en la organización delictiva denunciada. Además, ha existido una inexplicable dilación del proceso, no imputable a los acusados, que suponía una evidente atenuante. La causa ha estado jalonada también de circunstancias llamativas, como que la Fiscalía llegara a pedir su archivo porque consideraba que no había indicios de la comisión de los delitos que finalmente han reconocido los dos procesados. La propia magistrada que ha dictado la sentencia de conformidad había considerado antes que los hechos habían prescrito; pero el Colegio de Arquitectos recurrió y la Audiencia le dio la razón y ordenó la celebración vista oral. La sentencia sostiene que la causa sufrió «numerosas e injustificadas paralizaciones, que provocaron que se dilatara de forma extraordinaria en el tiempo, sin que ello sea atribuible a ninguna de las partes y en especial a los acusados». Una dilación que a la postre ha beneficiado a los encausados, a quienes ahora el Colegio archivará los expedientes disciplinarios que tenían abiertos porque ya han sido condenados penalmente y la entidad sostiene que no se puede castigar dos veces por los mismos hechos.
Otro retraso incomprensible fue que la Guardia Civil tardara cinco años en entregar al juzgado el informe sobre la documentación incautada en los registros de la operación Pitiusa en 2008, a raíz de la cual los tres arquitectos fueron detenidos. Durante estos cinco años, el caso Huerta quedó bloqueado sin que hasta la fecha nadie haya explicado a qué se debió esa tardanza excesiva.
Mientras tanto, la estructura ilegal del edificio de viviendas de Cala Molí que dio origen a este caso sigue en pie, como en 2005, pues en todo este tiempo el Ayuntamiento de Sant Josep no ha iniciado el proceso para su derribo, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Balears avaló en 2007 la anulación de la licencia. Tampoco el actual alcalde (y anterior concejal de Urbanismo), Ángel Luis Guerrero, ha explicado por qué esta obra aún sigue en pie.
La ineficacia de los distintos actores es una constante desde el inicio del caso Huerta: tanto en el procedimiento judicial, como en la actuación de la Guardia Civil (por el retraso en entregar la documentación al juzgado) y del Ayuntamiento de Sant Josep, a la hora de restablecer la legalidad.
Son muchas las preguntas que quedan sin respuesta en el caso Huerta, que nos deja una conclusión desalentadora: el mayor caso probado de corrupción urbanística en la isla en las últimas décadas, que fue posible también por la absoluta negligencia (cuando no complicidad) de los responsables políticos del Ayuntamiento de Sant Josep en esa época aciaga, se ha saldado con una multa ridícula de mil euros para cada uno de los encausados, 16 años después de la denuncia.
