España descubre que ha tenido un rey por encima de sus posibilidades. Conviene pedir precio antes de someterse a una intervención y, sin negarle a Juan Carlos I la categoría de cirujano de hierro, su salario no desentonaba de su pericia. Con el país sumido en la triste sensación de que los raperos se quedaban cortos, el emérito ha escrito el mejor rap sobre su figura. Al fin y al cabo, el regularizador en serie firma la letra de sus sucesivos acuerdos con una Hacienda más ciega que la Justicia. Ya que en ningún caso van a procesarle por defraudador, tal vez se le podría condenar por injurias a la Jefatura del Estado.
Rap viene de rapapolvo, a falta de determinar la cantidad que no solo amortigua sino que amortiza las críticas. ¿Cuánto dinero ha de tener alguien para que se le descuadren ocho millones sin percatarse de inmediato? Probablemente cien veces más que la suma no declarada. Unos mil millones de euros, cada vez más cerca de los 1.800 que le atribuyó el New York Times entre abucheos de los patriotas escandalizados. Sin embargo, incluso los infelices que no vuelan habitualmente en reactor privado advierten que arrojar ocho millones en negro por los aires requiere vuelos amenizados por generosas raciones de caviar y champán.
El rap escrito por el autoproclamado defraudador a gran escala contiene jugosas revelaciones. En primer lugar, toda persona que recibe ocho millones de euros a fondo perdido de una entidad, es por fuerza su dueño. Sobre todo, cuando el riego millonario se produce tras la abdicación, desactivados los poderes de influencia sobrenaturales. Del mismo modo, la colecta de cuatro millones en préstamos obliga a plantear si la devolución de dichas cantidades tendrá lugar a través de los oscuros vericuetos que caracterizan al personaje. Por fortuna, no todos los raperos españoles acaban en la cárcel. A propósito, Urdangarin ha sido degradado en unos meses de consumado delincuente a alumno poco aprovechado. Creyó que la inviolabilidad era contagiosa, infeliz.
