La encuesta anual de la patronal Pimeef revela la gravedad de la crisis que afecta a las pequeñas y medianas empresas de las Pitiusas: una muestra de 230 de ellas dejaron de facturar en total 64 millones el año pasado. El propio presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, describió de forma muy gráfica la agonía que atraviesan: «Para algunas empresas la situación es dramática y desesperada». Aunque las palabras de comprensión y apoyo son reconfortantes, lo que necesitan las empresas después de un año de durísima crisis son ayudas directas y reales por parte de las instituciones, que hasta el momento no han respondido a sus reclamaciones. La reducción de impuestos, tasas y cargas sociales, e incluso la supresión de algunos tributos, es una reivindicación de las patronales desde el inicio de la pandemia, ya hace un año, sin resultados positivos.
La indignación entre los empresarios y los autónomos es por tanto comprensible, pues deben seguir pagando gastos fijos mientras padecen una considerable reducción de ingresos a consecuencia de las medidas restrictivas de su actividad o de la movilidad de la población decidida por las autoridades sanitarias. Muchos de ellos, como en el caso de los de restauración o de los gimnasios, se han visto obligados incluso a cerrar sus negocios. Desde que se declaró el primer estado de alarma, en marzo del año pasado, instituciones de todos los ámbitos de la Administración (central, autonómico y local) han anunciado diversas ayudas para las empresas; sin embargo, a la vista de cómo arrecian las quejas empresariales, parece claro que estas ayudas no son las adecuadas ni responden a las necesidades de los empresarios, por lo que sería oportuno contar con sus opiniones a la hora de rediseñarlas o de habilitar otras nuevas.
Las estrictas restricciones, que incluso
prohíben ver a personas con las que no se convive (salvo en el trabajo o en clase), han permitido reducir poco a poco la incidencia del coronavirus en la isla Ibiza, que pese a todo aún continúa en niveles de riesgo extremo. Estas medidas, entre ellas el cierre total del sector de la restauración, se mantendrán hasta el 15 de marzo y solo se relajarán cuando los casos bajen de 200 por 100.000 habitantes durante 15 días seguidos. Mientras, la vacunación, que es la estrategia más consistente y duradera para frenar los contagios y los rebrotes, sigue avanzando a un ritmo desesperadamente lento por falta de dosis. Por tanto, nos encontramos en un momento crítico, tanto en lo que respecta a la situación epidemiológica (no podemos permitir que se vuelva a descontrolar) como en lo relacionado con la resistencia de las empresas. Muchas ya no pueden más. Han agotado sus recursos propios, se han endeudado y aún tienen que esperar un mínimo de tres meses más sin apenas ingresos (o sin ingresos, directamente) para que, en el escenario más favorable, comience la temporada turística, al ralentí y con mucha incertidumbre. El presidente de la Pimeef, Alfonso Rojo, lo resume así: «Cuando solicitamos ayudas, sólo queremos llegar vivos a mayo o junio. Estamos en el momento más duro de la crisis». De los políticos depende estar a la altura de las exigentes circunstancias y facilitar que estas pymes puedan reanudar su actividad en junio o que por el contrario se queden en la estacada, lo que supondría la pérdida de numerosos puestos de trabajo, más aún de los que ya ha fulminado esta crisis terrible, y un daño irreversible para el tejido económico ibicenco.
DIARIO DE IBIZA
