Cabeza de Turco’, dice la Real Academia Española que se trata de la «persona a quien se achacan todas las culpas para eximir a otras». En estos momentos, una gestión errática de la crisis provocada por la pandemia por parte de los gobernantes, con mensajes, muchas veces contradictorios según el momento, se está dirigiendo en contra de unos sectores determinados utilizados como cabezas de turco, abocando a los mismos a una ruina cierta y segura, utilizando como enseña la seguridad sanitaria, cuando en realidad el trabajo que han de realizar los gobernantes deja mucho que desear.
Claro ejemplo de lo anterior, es el doble rasero que se utiliza para la detección y control de los contagiados por covid-19, doble rasero que podía compartir/entender al inicio de la pandemia, por la falta de información, recursos sanitarios, recursos económicos, etc., pero que ahora, un año después, y viendo los resultados de la alta transmisión que tenemos, la solución del confinamiento sin más, sin mejorar los sistemas de detección y control de los que ya han sido contagiados, me parece escasa, por no decir insuficiente.
Dicho doble rasero, de conocimiento general, a través de las publicaciones ‘Guía de uso de pruebas de detección del nuevo coronavirus SARS-COV-2’ del Govern de les Illes Balears o a través de «Instrucciones sobre la realización de pruebas diagnósticas para la detección del covid-19 en el ámbito de las empresas» del Gobierno de España a través del Ministerio de Sanidad, establece que todas las personas que sufren el contagio del covid-19 han de estar diez días confinados para pasar la enfermedad, y una vez pasado dicho periodo, se tramita el alta por entender que ya no existe peligro de contagio, todo ello bajo criterios estadísticos, es decir, no se comprueba si la persona pasados los diez días tiene la infección activa, y por lo tanto capacidad de contagiar, poniendo en peligro a todas las personas cercanas, tanto en el entorno familiar, así como el social y laboral, ya que en los mismos puede haber perfiles de riesgo, por edad, enfermedades crónicas, etc., sino simplemente por un criterio estadístico que ha establecido que a partir de los diez días la mayoría de las personas, no todas, han perdido la capacidad de contagiar.
Todo ello queda corroborado desde el mismo momento en el que, según los protocolos del Ministerio de Sanidad del Gobierno central y los de la conselleria de Sanidad del Govern balear establecen que hay que asegurar que en el ámbito sanitario y sociosanitario el personal que se reincorpora a trabajar no tenga capacidad de contagio una vez pasados los diez días, y por ello se les realiza una segunda PCR, y en caso de que sea positiva no se reincorpora a sus lugares de trabajo hasta que el valor sea negativo, o bien se garantice la no posibilidad de contagio a demás personas.
Este protocolo que garantiza que el personal de los sectores sanitarios y sociosanitarios no tenga capacidad de contagio, no se aplica a los demás sectores, en los que dicha comprobación no se realiza, y por experiencia contrastada, hay un porcentaje de personas que, pese a haber pasado los diez días, siguen teniendo capacidad de contagio, ya que esta enfermedad no afecta a todos por igual y de la misma forma, no todas las personas la pasan de la misma manera. Con la aplicación del doble baremo, nos encontramos que estamos dando el alta sanitaria, sin un control clínico personal, a personas que pueden tener todavía capacidad de contagio, por guiarse para tramitar su alta sanitaria por criterios estadísticos, cuando en realidad no se ha comprobado clínicamente (comprobación que sí se realiza en sector sanitario y sociosanitario), pese a que es una persona que conocemos que ha pasado la enfermedad y en cambio no comprobamos que no tenga capacidad de contagio, siendo más fácil criminalizar a sectores, colgándoles el sambenito de que son los culpables de lo que está pasando.
Dicho todo lo anterior, la propia Administración sanitaria está dando de alta a personas que han pasado la enfermedad sin comprobar si todavía tienen capacidad de contagio, delegando dicha comprobación posterior a las personas a título individual, o a las empresas que quieren cerciorarse de que no incorporan a una persona con capacidad de contagio en sus plantillas.
En este momento la Administración ya dispone de los recursos necesarios, y en cambio focaliza el problema de la transmisión del virus a determinados sectores, abocando a la ruina de muchas familias, que no tienen garantizado un salario mensual del Estado, como sí lo tienen las personas de la Administración pública, que son los que toman las decisiones y están imponiendo unos criterios, focalizando el problema hacia unos ciudadanos que cada mañana han levantar la persiana de su negocio para garantizar el pan encima de la mesa para su familia.
Por ello, desde la sociedad civil hemos de asumir la gravedad de lo que está pasando, y por ello ser responsables en nuestro comportamiento y actitud frente a la pandemia, y en consecuencia exigir a nuestros gobernantes que den lo mejor de sí mismos (aunque ello les suponga tener que esforzarse más), establezcan medidas de control eficaces para toda la sociedad, optimizando los recursos de que disponen con el objetivo de saber exactamente dónde se están produciendo los focos de contagio, y tomar las medidas suficientes con el objeto de no criminalizar a sectores determinados, evitando la ruina y cierre de los mismos, para que en el momento oportuno podamos volver a recuperar parte de lo perdido durante este último año. Y digo perdido, ya que, siendo optimista, uno espera haber aprendido algo, como individuo y como sociedad, y ser más sabios, pero viendo cómo va todo, empiezo a dudarlo.
Rafael Tur Tur | Abogado. Técnico superior PRL espc. seguridad
