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Editorial

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Fomento debe controlar a las compañías aéreas

Un informe encargado por el Ministerio de Transportes revela que las aerolíneas con los precios medios más altos han sido las más beneficiadas por el aumento hasta el 75% de la subvención del Estado de los viajes a los residentes en las islas, Ceuta y Melilla. El departamento que dirige el ministro José Luis Ábalos ha tardado un año en dar a conocer un documento de incuestionable interés para los ciudadanos, y lo ha facilitado incompleto, con información borrada alegando que es “confidencial’, pese a que se trata de datos sobre los precios medios de cada compañía y los traslados bonificados con dinero público en cada ruta y aerolínea. El informe ‘Análisis del impacto de las bonificaciones al transporte aéreo de residentes en regiones no peninsulares y posibles alternativas’ está redactado por tres economistas académicos coordinados por la Universidad Pompeu Fabra, a petición de la Dirección General de Aviación Civil. Por tanto, el oscurantismo de Fomento no tiene ninguna justificación, puesto que está hurtando a la población datos fundamentales para conocer cómo las compañías han aprovechado la subida del descuento para los residentes para engrosar sus ingresos. Los beneficiarios de ese aumento de la bonificación deben ser los residentes en regiones no peninsulares, que dependen de los aviones para desplazarse por multitud de motivos. Pero el aumento de los precios de los billetes por parte de las aerolíneas, que se detectó desde que la subvención aumentó del 50 al 75% en 2018, desvirtúa esta ayuda y distorsiona el sentido de la elevada inversión que hace el Estado para paliar las desventajas de la insularidad.

Las irregularidades en el comportamiento de las compañías deben ser objeto de control por parte del Ministerio de Fomento, pues el Estado debe velar por que el dinero que reserva a los viajes de los residentes no acabe siendo un maná para las avispadas aerolíneas. Pero en ningún caso deben salir perjudicados los habitantes de las islas mediante una modificación en las condiciones de esa bonificación.

Fomento debe observar la evolución

de los precios de los vuelos e intervenir si detecta que hay un incremento injustificado, que perjudica también a la economía de las islas de forma grave debido a su dependencia del turismo. El encarecimiento de los billetes es un importante factor disuasorio para los turistas, por lo que las consecuencias del juego de trileros de las compañías van mucho más allá de un cierto fraude al sistema de bonificaciones. Ya es hora de que Fomento intervenga y evite que las compañías aéreas sean, indirectamente y mediante sus manejos con los precios, las principales beneficiarias de las bonificaciones para los residentes insulares.

DIARIO DE IBIZA

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