Con independencia del incontestable ascenso de los socialistas en Cataluña, con un efecto Illa meritorio aunque insuficiente, que la mejor noticia del denominado bloque constitucionalista -si entendemos a Vox como tal- sea el espectacular ascenso de la extrema derecha, que supera en escaños a Cs y PP juntos, debe encender las alarmas de la política española. Insisto en que a pesar de la plausible victoria del PSC, la zona alta de los resultados apenas cambia el escenario catalán, en el que los independentistas superan de largo la mayoría absoluta. Igual que hace cuatro años, cuando el Cs de Arrimadas se convirtió en el partido más votado y la victoria no le sirvió ni para abrir un diálogo con el resto de fuerzas, la centrifugadora electoral de Cataluña revuelve el mapa político nacional por la parte de abajo: descalabro de Ciudadanos, derrota del Partido Popular y subidón de la extrema derecha.
Inés Arrimadas ya ha convocado al comité ejecutivo de su partido para analizar la debacle; Pablo Casado, incapaz de amarrar los apoyos perdidos por Cs, continúa siendo el líder de una fuerza residual en una de las principales regiones de España, pese a tratarse de un partido que se alterna en el Gobierno y que presume, con el PSOE, de una clara vocación de Estado. Vox da igual a quien ponga, porque el maremágnum de Cataluña pone en la picota el hecho de que ni socialistas ni populares son capaces de meterle mano a un problema que requiere soluciones de Estado, más diálogo y menos antidisturbios. El electorado de Vox sale por la tangente del cabreo. Al igual que en Euskadi, es un voto preventivo, de trinchera, de por si acaso.
A estas alturas no tratemos de entender el voto nacionalista. Ni el catalán ni el español. Forjar las ideas a partir del sitio en que se nace, sin otro argumento que ese y por mucho que se amplíe el foco sobre los límites geográficos, aboca a un pensamiento pobre, excluyente. Pero ese no es el debate, que ya es viejo. La cuestión es por qué un bloque de partidos cuya ideología se entiende que debe pasar por cuestiones que van más allá del terreno (la economía, la solidaridad, la cultura, el medio ambiente, la sanidad, en definitiva, la transversalidad de la política) es incapaz de sobrepasar programas electorales basados en las banderas, en los himnos, en esta u otra lengua vehicular, en las bondades de la butifarra si hablamos de Cataluña o del bacalao al pil en Euskadi.
Mal hará Pedro Sánchez si entiende la victoria de Salvador Illa como un respaldo a su gestión de la pandemia. A tenor de los resultados está claro que no ha habido censura, pero que el cierre de los colegios electorales catalanes se asemejara más al paisaje de Chernóbil que a la normalidad democrática es responsabilidad del candidato socialista y exministro de Sanidad. Tanto como de los independentistas que llevan cuatro años sin un solo mérito del que presumir a la cabeza de la Generalitat. Las urnas no han removido el avispero catalán, que sigue igual que estaba, sino el del Estado, cuyos partidos que los representan deben continuar preguntándose por qué son incapaces de sostener el constitucionalismo que garantiza nuestra democracia.
