El pleno del Congreso ha dado luz verde a la reforma educativa del Gobierno, la Ley Celaá, o lo que es lo mismo, a la eliminación del español como lengua vehicular de la enseñanza, al desamparo de la escuela concertada o al castigo a la educación especial. Todo ello sin consenso. Una cesión por parte del Gobierno a independentistas y nacionalistas a cambio de sus votos para aprobar los presupuestos y poder seguir gobernando durante tres años más.

Soy ibicenca y me duele profundamente la batalla política en la que han convertido el tema del idioma, particularmente en las islas. Considero que cuando se intenta imponer algo con tanta insistencia, al final se acaba consiguiendo el efecto contrario a lo que se pretendía, que es un profundo rechazo. Sí al catalán como mérito, pero no como imposición. No me cansaré de repetirlo. Es complicado así que profesionales de diferentes sectores se decidan a venir a trabajar a la isla, pero si encima se les añade el inconveniente del idioma, pues evidentemente acabarán por rechazar cualquier oferta por muy suculenta que sea.

Todo esto me ha hecho retroceder en el tiempo hasta el momento en el que tuve que elegir universidad y ciudad a la que irme a estudiar. Lo tuve claro: Madrid. Nunca había estado, pero sabía que no quería irme a Barcelona. No estaba dispuesta a que me obligaran a estudiar algo que me entusiasmaba en catalán. Soy bilingüe sí, pero quería tener la libertad de poder elegir la lengua en la que sacarme mi carrera, mi futuro, mi profesión. Sabía que en Madrid eso no me pasaría y hoy, veinte años después sigo pensando que tomé la decisión más acertada. Lo que no sabía por aquel entonces es que, años después, al volver a Ibiza, en mi primer trabajo tendría que sufrir en primera persona el tema del 'catalanismo'. Mi «acento no era el adecuado», mi primer apellido «no era catalán», «no había estudiado en Catalunya» y un sinfín de nimiedades más por las que vi coartada mi libertad para poder llevar a cabo el puesto que ocupaba por aquel entonces. Este año decidí que me sacaría el nivel C1 de catalán, porque tal y como se están poniendo las cosas y aunque hoy en día no necesite el título, a este paso acabarán por exigírselo a toda la población. Pues bien, cuál fue mi sorpresa el día del examen, una prueba de más de cuatro horas, al comprobar que el profesor encargado de hacernos la prueba, no hablaba ni entendía el catalán.

Por esto y por muchas cosas más, no entiendo esta imposición del Gobierno y sus socios, no entiendo esta transgresión de la libertad, ni tampoco este empeño de imposición ideológica. La Ley Celaá ofende al sentido común y perjudica gravemente nuestro sistema educativo, porque con esta norma perdemos todos.