El pasado día 31, este periódico publicaba un artículo firmado por el gerente de la asociación Ocio de Ibiza, en el que promovía el «ocio legal» y defendía a los beach clubs, ahora espontáneamente convertidos en «restaurantes con amenización musical», según él mismo definía, a los que incorporaba a esta supuesta legalidad. Todo ello sin mencionar al hotel como destinatario y actor principal del desgarro que han sufrido todas las actividades turísticas de la isla, desde que en 2011 se iniciara esta reconversión del modelo turístico a base de abrir y poner al aire libre los conciertos de música al exterior, resucitando una época que ya habíamos dado por finiquitada desde 2005, cuando se obligó a las discotecas y salas de fiestas de toda la isla a cubrir todos sus espacios abiertos al exterior, en los que celebraban baile y música.

Cabe recordar que en 2008 el Consell de Ibiza obligó a las discotecas y salas de fiestas, que hasta entonces podían abrir desde por la mañana, a permanecer cerradas desde las 6 a las 16.30 horas. Con la previa clausura de los espacios al aire libre donde se ponía música y baile, los establecimientos tuvieron que dejar de trabajar también en horario de tarde. Dicha franja vespertina fue tomada a partir de entonces por los clubes de playa, pese a no disponer de licencia para ello.

El sector del ocio, entendido desde la óptica y proyección del gerente de dicha asociación, ningunea y evita comentar que hasta el año 2011 Ibiza ya era un paradigma de isla hedonista y bohemia, que disfrutaba las jornadas diurnas y nocturnas con un criterio y unas normas que dibujaban un modelo turístico que había evolucionado paulatinamente desde los años 60 y donde las salas de fiestas y discotecas habían tenido un protagonismo fundamental. De hecho, desde 2001 hasta 2016 fueron consideradas las mejores y habían convertido la isla en el epicentro mundial de la música. La desconsideración y falta de respeto resultan extraordinariamente mezquinas, por parte de unos desmemoriados que intencionadamente ignoran la historia reciente, para llevarnos con su nuevo modelo turístico a una humillante situación caótica a la que solamente la pandemia de Covid-19 ha puesto freno.

Esta asociación es, por supuesto, legal, aunque con un elemento altamente distorsionante: el fin que persigue al defender el ocio musical diurno en esos locales que, sin disponer de licencia de discoteca o sala de fiestas, ejercen como tales, aunque sean meros restaurantes, hoteles, bares o cualquier otra fórmula. Parece que, por el hecho de estar afiliados a esta asociación, puedan practicar cualquier actividad musical que les plazca sin que haya una intervención directa por parte de la Administración para frenar este diabólico engranaje.

Para más abundancia, el Ocio de Ibiza pretende cuestionar con su intromisión los destinos de otros sectores profesionales que también son bares, restaurantes y hoteles que no están afiliados a su asociación. Dichos establecimientos, al no estar en las playas, no pueden competir porque no poseen ninguna de estas cualidades que sus asociados si disponen, ya sea aforo, horarios, posibilidad de competir aunque sea con licencia de actividad o aperturas otorgadas por la Administración, que les legitiman para trabajar pero no les sirven para nada y les dejan totalmente indefensos. Y no solo eso, Ocio de Ibiza además se ha permitido criticar a los bares de copas del puerto, a los que el pasado agosto el citado gerente acusaba de no hacer respetar las normas sanitarias a sus clientes. Sin comentarios.

Vincular al ocio nocturno las actividades que se realizan en los establecimientos con actividad musical en horario diurno, no deja de ser una simplificación para encubrir una dualidad de actividades que justifican la existencia de dos caracteres o fenómenos distintos en una misma persona o cosa.

Si durante el periodo del 2013 al 2016 la Ley Montoro establecía un IVA cultural del 21% para los teatros, cines y espectáculos públicos, incluidas las discotecas legales, ¿cómo se puede justificar que para la hostelería el gravamen fuera del 10% practicando esta dualidad de actividades que no se reconocen?

Al final todo cae por su propio peso, pero ha llegado el momento de que el Consell Insular haga uso de sus facultades y dicte una medida cautelar que paralice sine die todas las actividades complementarias contempladas en la Ley turística de 2012, hasta proceder a la regulación de las mismas.

El Comité Ciudadano, entidad que forma parte del Plan Estratégico 2016-2030 del Ayuntamiento de Sant Antoni, aprobó por unanimidad la necesidad de dicha regulación, teniendo en cuenta que el debate va más allá de los clubes de playa y las actividades musicales en hoteles y restaurantes. La regulación debe hacerse contemplando una idoneidad para toda la isla, respetando la convivencia, la sostenibilidad y el medio ambiente. Por aprobación unánime del Comité Ciudadano, el 15 de enero de 2020 el asunto se elevó al pleno municipal para que se pronunciaran todos los grupos políticos.

Este nuevo modelo que nos ha gobernado durante estos años, utilizando dichos establecimientos con actividad musical en horario diurno, ha terminado. El Covid-19 ha marcado su destino. Este modelo turístico impuesto por la iniciativa privada ha sido una impostura que ha lastrado la credibilidad y la confianza en las instituciones, que son quienes han de guiar el presente y el futuro de todos.

El pleno del Ayuntamiento de Sant Antoni del 28 de mayo, en plena pandemia, aprobó por mayoría absoluta la propuesta del Comité Ciudadano, con los votos favorables de PP, PxE, Ciudadanos y PSOE, con la abstención de Podemos: instar al Consell Insular d'Eivissa a regular todas las actividades contempladas en el capítulo VII de la ley 8/2012, tal como indica el punto 3 del artículo 60 de la Ley 6/2017.

El Consell Insular tiene la palabra.