La primera semana de aplicación de las restricciones más estrictas en el centro de Ibiza y de Sant Antoni se ha saldado con una creciente indignación de los empresarios afectados por el desplome de los ingresos, que se ha traducido en protestas (caceroladas y una marcha hasta las dependencias municipales del Cetis) y un cierre masivo de los puestos del Mercat Nou.

La conselleria de Salud ha tratado de enderezar su torpe acción de comunicación inicial, marcada por los errores de bulto en el anuncio de las medidas que se iban a aplicar en Vila y en Sant Antoni, errores que posteriormente tuvo que rectificar. La primera rueda de prensa, que ofreció la consellera de Salud, Patricia Gómez, el día 16 en Ibiza, más que aclarar la situación provocó una confusión considerable entre los ciudadanos y los dueños de todo tipo de establecimientos, y no sirvió para explicar por qué el Govern adoptaba medidas tan contundentes como limitar la movilidad en ciertas zonas u obligar a cerrar bares y restaurantes a las diez de la noche.

El viernes, una semana después de que entraran en vigor los confinamientos, el Govern convocó en el Hospital Can Misses otra rueda de prensa presencial con la consellera de Presidencia, Cultura e Igualdad, la ibicenca Pilar Costa; el portavoz del Comité Autonómico de Gestión de Enfermedades Infecciosas de Balears, Javier Arranz; la asesora técnica para el desconfinamiento, Margalida Frontera, y la gerente del Área de Salud de las Pitiüses, Carmen Santos. En esta comparecencia, los responsables de Salud (entre los que destacaba la ausencia de la consellera de Salud, que daba otra rueda de prensa en Palma) ofrecieron datos y explicaciones sobre por qué se habían tomado estas decisiones y los periodistas pudieron preguntar sobre todas sus dudas. Hasta esta semana, Salud no había facilitado datos desglosados por islas como la tasa de positividad, que en Ibiza es la más alta de Balears (del 10%, el doble que en Mallorca).

Explicar bien las razones técnicas por las que el Govern decide endurecer las restricciones para frenar la propagación del coronavirus es fundamental para que los ciudadanos las comprendan y las cumplan, pues de otra forma la sensación que se extiende es de que se trata de decisiones arbitrarias e improvisadas. Esto es lo que ha ocurrido hasta ahora en el caso de Ibiza y Sant Antoni, donde ni los alcaldes tenían los datos ni la información detallada. De hecho, es significativo el fracaso del cribado en Vila, donde solo se ha presentado a hacerse las pruebas el 16% de las personas que estaban convocadas. Es posible que sea otra consecuencia de la falta de información facilitada por Salud, que tras este fiasco ha decidido ampliar a las zonas confinadas el cribado, tal y como se debía haber hecho desde un principio.

No es la única medida que ha rectificado el Govern, que también ha tenido que levantar la prohibición del culto en las dos iglesias que quedan dentro del perímetro confinado de Vila, después de que la diócesis recurriera la medida ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears, pues considera que «no hay absolutamente ningún criterio objetivo, excepto la pura y más absoluta arbitrariedad» para esa prohibición. Es evidente que Salud tomó esta determinación con suma ligereza, lo que no es de recibo cuando se trata de impedir algo tan sensible como la actividad religiosa, un derecho fundamental.

Lo mínimo que se debe exigir a una Administración que está dictando órdenes que limitan los derechos y libertades básicos de las personas es que las tenga muy bien justificadas. En este caso no ha sido así y Salud ha tenido que recular de nuevo ante la contundente reacción del Obispado de Ibiza, forzándole a permitir el culto con un aforo reducido del 25%.

Es de esperar que el Govern haya aprendido de los errores que ha cometido al decidir, aplicar y comunicar las restricciones para frenar la segunda ola de la pandemia en Ibiza, porque tal como va la progresión de los contagios, no sería de extrañar que haya que extender estas medidas a otras zonas en un futuro no muy lejano. Justificar sus decisiones adecuadamente, con datos objetivos y argumentos sólidos, es una obligación de los gobernantes, así como transmitirlas con transparencia y diligencia a los ciudadanos, que tienen el derecho de conocer los detalles por los que ven mermadas sus libertades, y con más motivo cuando muchos se pueden ver abocados a la ruina a causa de esas medidas.

DIARIO de IBIZA