Por fin parece que en Ibiza va a abrirse en serio el melón de regular los beach clubs y hoteles discoteca. Así lo ha manifestado la semana pasada el presidente del Consell Insular, que es la institución con competencias para hacerlo. Vicent Marí, además, ha comentado que esta normativa se redactará de forma que se impidan los agravios comparativos y buscando el consenso con los alcaldes, una vez se escuche al sector afectado.
Muy probablemente, el colectivo del ocio argumentará que constituyen una parte fundamental de la economía, que han creado un producto diferenciado que atrae a muchos turistas y que, en esencia, reducir su actividad o frenarla supondría una hecatombe. Su objetivo, por tanto, será que los dejen como hasta ahora o, como mucho, se les aplique una capa de maquillaje superficial, en forma de un horario de actividad que difiera poco del actual -todo el día y hasta la medianoche-. Conviene no olvidar, sin embargo, que hasta hace diez años los beach clubs y hoteles discoteca no existían y que Ibiza, con sus mercadillos, playas, restaurantes y ocio nocturno ya era un producto único, diferenciado y extraordinariamente competitivo.
La decisión del presidente del Consell de involucrar a los alcaldes es inteligente. Los beach clubs y hoteles discoteca son los negocios más lucrativos de Ibiza y operan sin las normas específicas que sí afrontan otros negocios del sector ocio (insonorización, aforos?). Es prioritario que, como el resto, deban ajustarse a una nueva legalidad, que además respete los derechos de residentes y otros turistas que no tienen por qué soportar que las playas, que son territorio público, se transformen en salas de fiestas encubiertas. Regularlos, sin embargo, implica pisar callos entre gente muy poderosa. Con el llamamiento al consenso, el presidente ha dividido en seis partes -el Consell y los cinco ayuntamientos- el lastre de una mochila que hasta ahora cargaba él solo. Aún así, las presiones seguro que serán intensas.
La cuestión de los agravios comparativos, citada por el presidente, es esencial. A bote pronto, se me ocurren algunos de difícil justificación: ¿Por qué se ha permitido crear discotecas al aire libre con licencia de hotel o restaurante cuando el sector tradicional de las salas de fiestas tuvo que insonorizarlas bajo amenaza de cierre, soportando enormes inversiones? ¿Por qué se han estado permitiendo fiestas al libre en establecimientos de Platja d'en Bossa y Sant Antoni, y en cambio se han impedido en Cap Martinet? ¿Por qué se prohibieron los after hours bajo el argumento de interrumpir el ciclo de la fiesta y luego se toleran las discotecas de día? Una Ibiza de juerga permanente tiene, además, graves consecuencias para otros negocios; por ejemplo, las tiendas y restaurantes del centro de Sant Antoni o el puerto de Ibiza, que han experimentado una drástica caída de clientes también por esta razón.
El origen de dicha anarquía lo encontramos en la ley turística que aprobó el presidente Bauzá, al permitir a los establecimientos turísticos realizar actividades complementarias. Aún así, dicha ley no autoriza el baile en los clubes de playa, como sí lo hace de forma taxativa, en el mismo artículo 60, al definir salas de fiestas, salas de baile y discotecas. En los beach clubs se habla de servicios de animación, restauración, venta de productos, alquiler de tumbonas y servicios náuticos. La música con baile es el meollo de toda esta cuestión y, además, la palabra 'complementaria' pierde su significado en estos establecimientos, ya que la música y el negocio que genera no es complementaria sino descaradamente principal.
Estos días muchas voces se alzan, con razón, en contra del turismo de borrachera en Balears. Con el objetivo de frenar nuevos brotes de Covid-19, se han cerrado calles problemáticas de la playa de Palma y Magaluf. En el West End no ha hecho falta, ya que muchos establecimientos han preferido no abrir por las limitaciones impuestas por la nueva normalidad. Este barrio ya atraviesa una grave crisis desde hace años y constituye el mejor ejemplo de que algunos beach clubs también son parte de la ecuación del turismo de borrachera. Sus oleadas de clientes no han desaparecido, sino que se han trasladado a las discotecas de las playas, donde se dejan todos sus recursos. En el fondo, toda esta polémica brota de la misma raíz: el abuso de unos negocios que han hecho lo que han querido y después exigen silencio a la sociedad ibicenca porque «su actividad es esencial para la economía pitiusa».
No hay que perder de vista que la re gulación de los beach clubs y hoteles discoteca es un arma de doble filo. Puede reducir y poner orden en los abusos, pero también acabar constituyéndose como el perfecto marco legal para perpetuarlos. Es momento de repensar el modelo turístico que queremos para el futuro y esta cuestión es esencial.
