Que los ayuntamientos comiencen a actuar contra la construcción de piscinas ilegales, que han proliferado en los últimos años por todos los municipios pitiusos y provocan un enorme gasto de agua, además de suponer un ataque contra los planeamientos urbanísticos. La decisión adoptada por Santa Eulària de derribar cinco piscinas ilegales e imponer importantes sanciones a sus propietarios debe de ser un primer paso y un ejemplo del camino a seguir.
El rifirrafe entre el Consell de Ibiza y el Ayuntamiento de Sant Josep a costa de la paralización de las obras de un agroturismo en suelo de Sant Josep. El lunes, la institución insular envió una nota a los medios asegurado que actuaba porque el Ayuntamiento no había hecho caso a sus requerimientos. El Consistorio lo negó y el Consell hizo una media rectificación en la que afirmaba que las actuaciones municipales, en caso de producirse, no le habían sido comunicadas.
