Sin pretenderlo, la consellera de Presidencia del Govern balear, Pilar Costa, dio en el clavo en el asunto del plus de residencia de los altos cargos, de moda estas Navidades eternas. La socialista ibicenca justificó que se pague 22.000 euros de nada al año a los consellers y directores generales de territorios del ultramar mallorquín en que es algo que se lleva haciendo «desde hace 20 años», como si eso fuera suficiente para que se siga pagando para los restos. Si nos remontamos a las islas de hace dos décadas volvemos a aquella época en la que se ataba a los podencos con sobrasadas, que se viajaba a China a todo confort para atraer al turista y la inversión de aquel país o que se pagaban orgías en burdeles moscovitas con un alegre giro de la tarjeta de crédito pública. Habría que revisar todo lo que se hizo en ese momento y, aún a malas, derogarlo por si acaso. Soy partidario de que se compense a los altos cargos que tienen que dejar su tranquila vida, familia y vivienda en las islas menores para trabajar en la metrópolis palmesana, pero hay que hacerlo al nivel ético de 2020, con las cicatrices de la crisis aún abiertas. 22.000 euros de plus son una barbaridad si se comparan con lo que perciben los miembros de los cuerpos de seguridad o los trabajadores de la radiotelevisión pública, con su carrera y todo. Y más si son para colocar a amiguetes de Podemos que se han quedado en paro en otras comunidades. Algunos vienen a regenerar y acaban recontragenerados.
