Una de las noticias más lamentables que hemos leído en lo que llevamos de otoño señala que una empresa de alquiler de coches ha estado utilizando plazas de aparcamiento del hospital de Can Misses para su flota de vehículos. Este abuso constituye un ejemplo mayúsculo de caradura y comportamiento antisocial, ya que desde que el parking es gratuito los enfermos que acuden a los servicios médicos o los familiares de pacientes ingresados se las ven y se las desean para encontrar sitio. Pero también es un hecho que ilustra la actitud extremadamente conservadora de determinadas instituciones pitiusas, a la hora de poner nombre y apellidos a los infractores.

La desvergüenza exhibida por parte de esta compañía de alquiler de vehículos se hizo pública durante una visita oficial al centro sanitario a la que también asistía la prensa. La reveló la gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Carmen Santos, que además añadió que ya se había solicitado a dicha empresa que retirara de allí los automóviles y se abstuviera de volver a estacionarlos en el aparcamiento del hospital. La gerente, sin embargo, no quiso revelar el nombre de dicha sociedad.

Esta barrera protectora que se levanta en torno al infractor es una práctica frecuente en la isla y solo hay que abrir el periódico para tomar conciencia de ella. Hay varios sectores de actividad que salen especialmente beneficiados, como el del ocio, pero también otros como los concesionarios de playas, que a veces explotan más elementos de los autorizados, y no digamos ya los alquileres turísticos ilegales. Estas infracciones se trasladan a los medios de comunicación, a veces incluso mediante ruedas de prensa. En ellas se explica qué ordenanzas o leyes se han incumplido, las sanciones que puede acarrear dicho comportamiento y, como mucho, se determina la zona donde opera el establecimiento o la empresa denunciada, sin más explicaciones.

Si un periodista solicita a la institución correspondiente información sobre la identidad de la compañía que comete dichas irregularidades o pide un historial de incumplimientos con nombres y apellidos, se le deniega sistemáticamente. La excusa habitual es que los técnicos no facilitan dicha información por una cuestión de protección de datos.

Sin embargo, la aleatoriedad de esta tesis se vuelve surrealista, cuando son las propias administraciones las que a veces revelan la identidad del infractor sin que nadie se lo haya preguntado. Hay montones de notas de prensa que así lo atestiguan. Hace unos días, sin ir más lejos, se difundió que la discoteca Amnesia, durante su fiesta de cierre, incumplió el horario de apertura y el Ayuntamiento de Sant Antoni interpuso la correspondiente denuncia. En esta ocasión, a la institución no le tembló el pulso. ¿Por qué unos sí y otros no?

La única forma de que la sociedad pitiusa pueda hacer un seguimiento continuo y realista de las denuncias que prosperan es conocer sus detalles desde el momento en que se originan. Resulta insólito contemplar cómo, al final, algunas de ellas se quedan durmiendo en los cajones o son desestimadas por los tribunales por insuficiencia de pruebas o cualquier otra irregularidad burocrática o jurídica. Así ha ocurrido con la reciente anulación, por parte del Tribunal de Justicia de Baleares, de una multa de casi 33.000 euros a la empresa Ibifor por explotar más de un centenar de hamacas y otros elementos no autorizados por encima del cupo, en la playa de ses Salines.

Si en política hay una palabra de moda estos últimos años es «transparencia». Esta forma de actuar, sin embargo, va en contra del más elemental derecho del ciudadano a conocer las iniciativas que se desarrollan por parte de las instituciones para frenar los abusos que se producen en Ibiza. En tiempos de supuesta transparencia, no cabe política más opaca.

Ibiza está salpicada de infractores anónimos. Gracias a este proteccionismo incomprensible, se libran de una dosis de mala publicidad que también contribuiría a hacer justicia y hasta podría tener un efecto disuasorio. Subrayar la falta de civismo y conciencia social del infractor también debería ser parte de la pena.