La apertura del nuevo edificio judicial de Ibiza se retrasa aún más: al menos hasta principios de 2020. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Balears, Antonio Terrasa, reconoció el miércoles, en el acto de apertura del año judicial, que el Ministerio de Justicia no había logrado adelantar la entrada en funcionamiento del inmueble que ha de alojar a los juzgados de la isla, la mayoría de los cuales que quedaron sin sede tras el incendio provocado en el viejo edificio de la avenida de Isidor Macabich, el pasado 21 de enero. Con la tramitación de miles de causas suspendidas, la precariedad marca el día a día de nuestros juzgados, que por no tener no tienen ni suficiente espacio físico para desarrollar su trabajo. La fotografía del acto celebrado el miércoles refleja la situación de la administración de justicia de Ibiza: en la pequeña sala de vistas del Cetis donde se desarrolló la ceremonia apenas cabían los magistrados, jueces, abogados, periodistas y demás asistentes. No es desde luego la imagen más digna para uno de los pilares de nuestro Estado de Derecho: la Justicia. La extrema gravedad del atentado que destruyó y dejó fuera de servicio el edificio de los juzgados y bloqueó la administración de justicia en Ibiza habría requerido una mayor celeridad en las obras del nuevo edificio.

El derecho de los ciudadanos a la justicia es básico, y se ha visto seriamente mermado, primero por el propio incendio y sus consecuencias inmediatas (los juzgados no podían funcionar y algunos vieron cómo muchos expedientes habían quedado destruidos) y segundo, por la mala gestión posterior que el Ministerio de Justicia ha hecho de la crisis. Ni siquiera ha conseguido acelerar los plazos para abrir la nueva sede. Mientras tanto, los funcionarios de los juzgados trabajan como pueden, hacinados, en espacios improvisados que no reúnen las condiciones necesarias.

El secretario general del Ministerio de Justicia, Antonio Viejo, explicó que se ha producido una «concatenación de retrasos» debido a los «plazos de actividad y realización de las obras» de las empresas contratadas, pero señaló que estas demoras entran «dentro de la normalidad» y de la «planificación ordinaria» del Ministerio. El problema es que la situación en Ibiza no es en absoluto de normalidad, porque un incendio intencionado dejó fuera de servicio los juzgados de Instrucción, de lo Penal, el de Violencia sobre la Mujer y el Instituto de Medicina Legal; por tanto, era necesario poner en marcha medidas excepcionales para poder recuperar cuanto antes y por completo la actividad de los juzgados. De entrada, Justicia debería ser más transparente acerca de los problemas que presenta el acabado del edificio, aparte de una ya demostrada vulnerabilidad a las lluvias torrenciales, que debe corregirse de inmediato. Hasta ahora, se han puesto parches para salir del paso, mientras la fecha de apertura del nuevo edificio acumula retraso tras retraso.

El presidente del TSJB declaró en el acto de apertura del año judicial que Ibiza está sometida a una situación «delicada y tortuosa». Pero para volver a la normalidad será necesario poner en marcha un plan de choque, con jueces y funcionarios de refuerzo si es preciso, que permita recuperar todo el tiempo perdido en la tramitación de los procedimientos durante este año de parálisis. Es imprescindible porque la justicia y los derechos de los ciudadanos afectados por este caos merecen una rápida reparación.

DIARIO de IBIZA