Que los empleados de la justicia en Ibiza deban seguir soportando estrecheces y falta de medios por el nuevo retraso en la apertura de la sede judicial en sa Graduada, que ahora se aplaza hasta principios del próximo año. Desde que el pasado mes de enero un incendio provocado obligara a abandonar el viejo edificio, los juzgados han sido trasladados al Cetis y al Consell, donde no hay espacio ni medios suficientes para trabajar. Mientras se demora la apertura de la nueva sede, los casos pendientes siguen acumulándose con evidente perjuicio para los ciudadanos.
Que el Consell de Ibiza y el de Formentera, además del Ayuntamiento de Sant Antoni, no hayan presentado en plazo las cuentas generales de 2018, lo que les enfrenta a posibles sanciones y a la retención de ingresos del Estado. Un total de 33 entidades locales de las Islas no han hecho los deberes y no han aportado sus cuentas a la Sindicatura de Comptes en el plazo previsto.
