El Consell Insular de Ibiza ha iniciado una campaña de inspecciones de pisos turísticos ilegales en la isla que, por primera vez, cuenta con el apoyo de agentes de la Guardia Civil. Esta novedad representa un cambio importante, pues los agentes evitan posibles agresiones a los inspectores de la institución y pueden denunciar en caso de obstrucción a la actividad de estos funcionarios. Las imágenes de los guardias civiles acompañando a dos inspectores del Consell a visitar pisos que se alquilan ilegalmente a turistas son en sí mismas un poderoso elemento de disuasión para muchos propietarios (o intermediarios), que se lo pensarán dos veces antes de recibir una de estas inspecciones. Otros considerarán que el riesgo merece la pena por los pingües beneficios que pueden obtener, opacos al fisco.
Hasta ahora, ha prevalecido la sensación de impunidad, reforzada por la falta de inspectores del Consell para hacer cumplir la legalidad. De hecho, el anterior equipo de gobierno de PSOE-Guanyem-Podem advirtió en diversas ocasiones de la dificultad de inspeccionar y detectar a los infractores debido a la falta de personal. La regulación es inútil si luego no se traduce en un control efectivo y en sanciones a los infractores, lo que da alas a los incumplidores y desconcierta e indigna a quienes se someten a leyes y normativas. Esa es la obligación del Consell: hacer cumplir la regulación, pero de forma permanente, a lo largo de todo el mandato. Que las fotos y vídeos que hemos visto esta semana no sean fruto de una puesta en escena puntual, un golpe de efecto ideado para inaugurar el mandato de los nuevos gobernantes del PP, con una imagen de contundencia para distinguirse de sus antecesores. Debemos exigir al presidente del Consell, Vicent Marí (que ha asumido personalmente el área de Turismo, tal y como ya había hecho su antecesor en el cargo, Vicent Torres), que mantenga la presión durante los cuatro años de su mandato.
Marí sostuvo en su primer discurso institucional de las Festes de la Terra, el pasado 8 de agosto, que el problema de la vivienda es el más grave que padece Ibiza en estos momentos. En este contexto se tiene que encuadrar la lucha contra los pisos turísticos ilegales (en Ibiza, todos los pisos que se alquilan a turistas están fuera de la legalidad), pues reducir la elevadísima oferta residencial destinada a los turistas es fundamental para aumentar el parque de vivienda de alquiler para los residentes y trabajadores de temporada, así como para contener los precios y poner freno a esta especulación desmedida. Las consecuencias de la falta de hogares en Eivissa son dramáticas, tal y como ponen de manifiesto Cáritas y Cruz Roja desde hace varios años.
Pero, además, el Consell tiene el reto de poner orden en la enloquecida oferta de alquiler para turistas que se anuncia en las grandes plataformas de internet, y que incluye todo tipo de vehículos, tiendas de campaña, hamacas colgadas de dos árboles o modalidades diversas de chabolas. Esta actividad pirata es sumamente nociva para la isla, pues supone una degradación que choca frontalmente con los esfuerzos de renovación y mejora que el sector turístico en general ha hecho en los últimos años. Estos negocios que están al margen de la ley, que no cumplen ninguna norma (ni siquiera las más elementales de salubridad), que mueven cantidades insospechadas de dinero negro, implican una absoluta precariedad y vulnerabilidad para los empleados. Además, representan un agravio frente a los negocios legales que cumplen puntualmente con todas sus obligaciones, lo que les supone unos gastos que encima les dejan en inferioridad de condiciones frente a sus competidores piratas. Las administraciones tienen la obligación de sancionar a los responsables de esta actividad ilegal, que también entraña serios riesgos para las personas que confían en estos negocios incontrolados, pues no pueden reclamar cuando son víctimas de una estafa o de un mal servicio. La consecuencia es una mala imagen que con internet se difunde de forma vertiginosa.
La Administración debe funcionar como un engranaje perfectamente sincronizado para hacer cumplir la regulación de las viviendas de alquiler turístico. Primero, hay que hacer inspecciones sobre el terreno y darlas a conocer para aprovechar su efecto disuasorio, porque lo que no se divulga es como si no existiera; después, el Consell debe tener capacidad para gestionar los expedientes de forma ágil para que no se demoren durante años, y para que acaben en una sanción suficiente para que a los infractores no les salga a cuenta seguir con el negocio. La presión debe ser constante, efectiva y ejemplar.
DIARIO de IBIZA
