Hace ya unos años, allá por el 2004, ciertos medios de comunicación se hacían eco de un fenómeno que estaba cambiando el modo de viajar de los jóvenes en todo el mundo: era el denominado ' couchsurfing', o navegar de sofá en sofá.

En sus orígenes, este concepto, nacido como fenómeno de intercambio de servicios de hospitalidad, sin ánimo de lucro y sin intercambio de dinero, causó furor entre la juventud estadounidense, y pronto se extendió por todo el mundo. En sí el concepto era bien simple: tú ponías a disposición de la comunidad el sofá de tu casa y a cambio tenías a tu disposición sofás en todo el mundo, ' arraundeworl', para tu gozo y disfrute turístico. Un sistema de multipropiedad llevado al límite? ¡y gratis!

Pero en verdad, y siendo realistas con la sociedad capitalista que nos ha tocado vivir, no es de extrañar que fuese cuestión de tiempo que surgiera una mente ávida de sacarle jugo en forma de dineretes a tamaña muestra de generosidad colectiva. Fue entonces cuando surgió, en 2008, una desconocida página web llamada Airbnb, que invitaba a hacerse esta reflexión: ¿por qué ofrecer tu sofá gratis, pudiendo hacerlo a cambio de panoja?

Y a partir de ese instante comenzó un fenómeno que prometía cambiar la economía colaborativa mundial, pero que ha desembocado en la mayoría de capitales del mundo, así como enclaves turísticos de primer orden como Ibiza, en una crisis de emergencia habitacional nunca antes vista en la historia.

En nuestra isla se han llegado a ver las muestras más extremas y aberrantes de este sistema, incluso más allá del cómodo tresillo: alquileres de sofás a 700 euros, balcones con colchón a 500, o tiendas de campaña en mitad de un jardín por apenas 800 euros. Pero no precisamente para hacer turismo, sino para poder vivir una temporada de trabajo en la isla.

Tanto desde las instituciones como desde el ámbito privado y personal (mi más sincera enhorabuena a Soluciones Legales para Todos, y a Nahiara Cardona por su lucha constante), se han hecho vanos intentos de contener este flujo imparable de avaricia y estupidez humana, muchos de ellos con buena fe, pero con una ineficacia absoluta.

Se han declarado ilegales los alquileres turísticos vacacionales en suelo residencial, tanto en municipios como el de Santa Eulària (por cierto, a instancias de Guanyem), como en el Consell (con absurdas zonificaciones que permitían dicho alquiler en algunos municipios y en otros no), pero, en cambio, ni unos ni otros han sido capaces de poner en marcha una labor inspectora eficaz para controlar estos arrendamientos proscritos.

También desde Guanyem reclamamos en su día la creación de una Oficina Municipal del Alquiler, que sirviera de intercambio y garantía entre propietarios y usuarios, pero fue rechazada en pleno por el Partido Popular.

Incluso llegamos a vislumbrar un primer rayo de esperanza cuando el Gobierno central tenía previsto poner en marcha una modificación de la Ley de Arrendamientos que dotase de competencias a los municipios para regular el precio del alquiler residencial. Por desgracia, el PSOE se echó en último momento atrás, seguramente bajo presión de las grandes corporaciones propietarias de pisos, y no se pudo materializar este deseo, que hubiera servido para poner freno de una vez por todas a la escalada de precios.

Por suerte no todo está perdido: mientras esperamos que el PSOE recapacite, y en una próxima legislatura con gobierno de izquierdas podamos dotar a los municipios de dicha capacidad reguladora, hemos seguido trabajando, solicitando cesiones de terrenos públicos, que reconocemos son escasos, para la construcción de VPO en régimen de alquiler, y al menos Vila, donde gobernamos, tramita la ejecución de varias promociones de VPO en suelo cedido al Ibavi.

Se ha solicitado también, como hizo Guanyem Santa Eulària año tras año durante los últimos cuatro ejercicios en cada debate presupuestario, transformar las absurdas ayudas a la compra de primera vivienda en ayudas para el alquiler, y hemos tenido que esperar a 2019 a que el Partido Popular aceptara eso tan lógico y necesario solo porque éramos nosotros quienes lo reclamábamos.

Para la próxima legislatura, esta vez integrados en la colación ARA Eivissa, proponemos llevar a cabo un censo de viviendas vacías en todos los municipios de la isla, con el objetivo de establecer un recargo en el pago del IBI a dichas viviendas y así promover su salida al mercado del alquiler.

Asimismo, seguiremos intentando convertir al Ibavi en una verdadera oficina de la vivienda, con extensiones en todos los municipios, y con servicios de garantía e intermediación entre propietarios e inquilinos.

Mientras llega todo eso, un verano más, muchos seguirán viviendo en sofás, tiendas de campaña o balcones para poder ir a trabajar. Nosotros no les olvidamos, y seguiremos, esta vez desde ARA Eivissa, trabajando para que aberraciones como esa se erradiquen de una vez por todas de nuestra isla. La tarea es difícil. Pero nada por ser más difícil, se convierte en imposible.