Ya envueltos en la algarabía prenavideña y la organización de los preceptivos fastos, se nos pasó desapercibida una concatenación de noticias publicadas por este periódico en los días previos a las fiestas, que conviene retomar. En esencia, bajan nuevamente a tierra al sector del ocio pitiuso, tras la retahíla de buenas intenciones reiterada en los últimos meses y la vehemencia con que han respondido a quienes han osado criticar sus malas praxis y las molestias que generan al vecindario durante la temporada.

Curiosamente, tras este aluvión de noticias negativas y ejemplarizantes de su conducta, ningún portavoz del sector ha abierto la boca. Aunque, por otra parte, es lógico, ya que cómo podrían seguir hablando de complicidad con la sociedad ibicenca y de una nueva era de respeto escrupuloso por las ordenanzas, ante esta sucesión de incumplimientos.

En esta ocasión, las denuncias las han interpuesto los ayuntamientos de Sant Josep y Sant Antoni y reflejan exactamente lo contrario a lo que venían anunciando los empresarios del ocio. Distintas salas de fiestas y hoteles-discoteca de la isla continúan actuando a su libre albedrío, priorizando el beneficio a la seguridad de sus clientes y el derecho al descanso de los residentes, cuyo hastío ya constituye un efecto colateral consolidado de nuestro modelo económico.

En esta ocasión, las irregularidades han sido cometidas por importantes establecimientos pertenecientes indistintamente a los dos grandes colectivos del sector ocio -discotecas tradicionales y beach club-, que siempre andan a la gresca entre ellos, cuando no se dedican a atacar a alcaldes con querellas estériles que, por el momento, acaban archivadas.

Los locales suspendidos o que afrontan cuantiosas multas son, por el momento, cinco. El récord en cuanto a sanciones económicas se lo puede llevar Ushuaïa, al que le han abierto cuatro expedientes por exceso de ruido, tras otras tantas mediciones. Aunque nos hemos enterado ahora, dos corresponden al año 2015, otra es de 2017 y la más reciente de este mismo verano. La multa podría ascender a un total de 200.000 euros, ya que las cuatro faltas se consideran muy graves. Las dos primeras están pendientes de resolución judicial, el ayuntamiento tiene que responder al recurso que el establecimiento interpuso frente a la tercera y la última aún se encuentra en fase de diligencias previas. En todo caso, cabe preguntarse cuántas faltas graves tiene que cometer un establecimiento para que se le cierren las puertas de forma provisional o definitiva. La empresa, en contra de lo que viene siendo habitual, no ha querido hacer declaraciones, según Diario de Ibiza.

Por la misma causa se le ha abierto otro expediente a la sala de fiestas DC-10 -un nuevo renglón en su dilatado historial de incumplimientos-, y podría recibir una multa de 50.000 euros. Durante el verano, ambos locales, muy próximos entre sí, amenizan las noches y madrugadas de parte del vecindario de Sant Jordi, cuya indignación se refleja en la cantidad de vídeos-denuncia que publican en las redes sociales. En ellos se escucha con nitidez el estruendo que les entra por la ventana.

El colmo lo encontramos en la discoteca Privilege, donde, según el Ayuntamiento de Sant Antoni, se han modificado las vías de evacuación, incluso tabicando varias salidas. También se han reconvertido zonas destinadas a restaurante en pista de baile, lo que se ha traducido en un incremento del aforo que el consistorio estima en 500 personas. Estas irregularidades y otras han provocado que, si no se ejecutan obras de subsanación antes de la próxima temporada, Privilege no podrá abrir sus puertas. Además, se enfrenta a una posible multa de 55.000 euros.

Amnesia, asimismo, ha realizado ampliaciones en sus terrazas de la planta superior sin contar con la preceptiva licencia, por lo que la actividad en esta zona queda también suspendida hasta que el establecimiento recupere las dimensiones previas. El local tendrá que abonar otra sanción de 55.000 euros.

La discoteca Es Paradís también ha sido parcialmente clausurada y afronta una multa de 60.000 euros. En este caso, se ha reducido el ancho de las vías de evacuación y se han ampliado determinados espacios de la primera planta del establecimiento, incrementando el aforo por encima de lo contemplado en la licencia de actividad. Además, en la inspección, realizada a final de verano, se detectó falta de personal acreditado en la puerta y en el servicio de control del ambiente interno.

Para que luego pretendan vendernos milongas.