Centenares de pasajeros se vieron atrapados en una pesadilla el pasado domingo en los aeropuertos de Barcelona y Eivissa, a causa de la cancelación de diez vuelos y de la pésima atención que recibieron por parte de las compañías aéreas, Vueling y Ryanair. Los imponderables como el mal tiempo o las averías no se pueden evitar, pero sí se debe exigir a las aerolíneas una gestión diligente de la situación provocada por las cancelaciones, con el objetivo de minimizar las molestias a los pasajeros. No es de recibo que los viajeros se queden tirados en el aeropuerto durante horas, sin información, sin saber cuándo van a poder llegar a su destino, sin que la compañía les ofrezca de inmediato una alternativa de transporte, comida o un hotel para pasar la noche, como ocurrió hace una semana. Que haya niños que tengan que dormir sobre colchonetas en una sala habilitada en El Prat.

El mal trato de las compañías agrava aún más los contratiempos que sufren los pasajeros en estas circunstancias; muchos perdieron días de trabajo, no pudieron acudir a exámenes o a citas personales de tanta importancia como la firma de un divorcio. Algunos pasajeros llegaron a Eivissa el martes, dos días más tarde de lo previsto, y después de sufrir un calvario de falta de información y de atención. Tampoco es comprensible la falta de transparencia de las aerolíneas, que no facilitaron a este diario el número de pasajeros afectados por las cancelaciones y retrasos, pese a que se trata de un servicio público y una información de un incuestionable interés general. Ocultar los datos a los medios de comunicación es una mala estrategia que no sirve tampoco para reducir el impacto de la noticia, en tiempos de internet y redes sociales en los que la información circula en cuestión de segundos, y son los propios afectados los que dan a conocer los problemas causados por la supresión de sus vuelos.

El transporte aéreo es fundamental para los habitantes de las islas, es prácticamente su única opción para viajar de forma rápida, tanto por motivos de ocio como laborales o de salud. Por esta razón, su funcionamiento eficaz debe estar garantizado, pues cuando las compañías no proporcionan un buen servicio el caos está garantizado y las repercusiones, en todos los aspectos (económicos, turísticos, personales, sociales...), son muchas y muy graves.

No es suficiente con que los ciudadanos afectados puedan ejercer su derecho a reclamar de forma individual. Es preciso que la Administración ponga coto de una vez a las reiteradas prácticas abusivas de las compañías aéreas, que engrosan sus beneficios a costa de los derechos y la dignidad de sus clientes, mediante engaños y prácticas truculentas para eludir sus propias obligaciones.

Los residentes en las islas estamos aún más desamparados y somos cautivos de las aerolíneas y de sus intereses empresariales, que no siempre están en consonancia con los de los ciudadanos. Reclamamos un servicio que cumpla con lo contratado por los viajeros, sin cancelaciones ni retrasos, provocados a menudo por una mala programación de las propias aerolíneas, y que trate a los pasajeros con seriedad y respeto.