Son noticias consecutivas de estos días. Una: el ministerio de Trabajo dispone actualmente de 1.504 millones que deben gastarse obligatoriamente en formación. Es dinero que no se consumió en 2015, 2016 y 2017, según han manifestado los responsables del Servicio Público de Empleo a los sindicatos y las patronales. La dificultad de gastar en este capítulo se debería supuestamente a la reforma de la formación aprobada en 2015, que ha elevado las exigencias impuestas a quienes se dedican a impartir cursos.
Dos: la policía ha detenido a 37 personas que habrían defraudado más de tres millones de euros a través de contratos de formación falsos con una cadena de peluquerías.
La evolución del empleo -la mitad de las tareas que deberán desempeñarse en una década no se han inventado todavía- obliga a las administraciones a invertir en formación para adaptar desempleados a las nuevas demandas del sistema productivo. Hacen falta recursos, pero también, a la luz de la experiencia, es necesario garantizar el buen fin de los mismos. Este debería ser el principal y más urgente empeño del ministerio de Trabajo.
