Esta espiral de despropósitos e inestabilidad que desde hace un lustro envuelve el mercado de la vivienda en Ibiza, se alimenta a diario de nuevos episodios que nos crispan más los ánimos. Son muchos los que contemplan el futuro con inquietud y, al no atisbar soluciones a medio plazo, comienzan a cavilar en el éxodo y en encontrar alternativas fuera de esta isla maldecida por el dinero.

En la tierra prometida, la misma que bate récords de ocupación, tráfico de pasajeros, facturación, etcétera, somos incapaces de encontrar un mínimo equilibrio que permita convivir con dignidad, sin tanta tensión y desasosiego. Hoy por hoy, sólo gozan de cierta sensación de seguridad aquellos que poseen una vivienda en propiedad. Pero incluso estos, si regentan negocios turísticos, afrontan un cúmulo de dificultades para atender a sus clientes como corresponde y justificar sus elevadas tarifas, por la sequía de personal cualificado.

Los residentes no somos suficientes, ni por asomo, para atender a esta avalancha de turistas que se multiplica sin freno y los foráneos que antaño venían a hacer la temporada a la isla ya han escarmentado. La consigna es evitar Ibiza como la peste y buscar plaza en otros destinos, donde no haya que pasar seis meses en un piso patera, sin privacidad ni confort, como si esto fuera el tercer mundo. El problema de la vivienda, en definitiva, es global y está por encima de clases sociales.

Donde mejor se percibe la gravedad de cualquier coyuntura es en las historias con nombre y apellidos. La semana pasada, Diario de Ibiza relataba la de Maite y su compañero. Ella, empleada en el aeropuerto con buenas condiciones laborales. Él, trabajador de una cadena de supermercados. Han estado viviendo en un piso compartido porque el sueldo, pese a todo, no les da para mayor privacidad. Pero su casero, un italiano que les subarrienda una alcoba en una casa donde él no reside -los propietarios son de la isla-, les ha anunciado que la próxima temporada se quedan en la calle. Quiere sacar más tajada alquilando por semanas. Cansados de buscar y no encontrar, se marchan a Palma sin un trabajo seguro, pero con la promesa de una casa donde estar juntos, sin extraños.

No ha sido la única noticia de impacto relacionada con esta problemática. Los sindicatos de la Policía Nacional y la Guardia Civil también han subrayado que las plazas que quedan vacías tampoco se cubren, a consecuencia de los precios descabellados de la vivienda. Y los pocos que transigen, emigran en cuanto cumplen el periodo mínimo de dos años. Se les suman también los colectivos de los otros empleados públicos, que demandan que sus salarios y complementos se equiparen a los de Canarias, donde la insularidad tiene mayor recompensa.

A ello se suma otra nueva estafa a unos turistas, que abonaron 4.000 euros por una estancia de nueve noches en una villa que localizaron por Airbnb. Tras abonarla directamente al supuesto propietario, éste desapareció del mapa con el botín y a buen seguro que hoy sigue buscando por Internet incautos con ansias de veranear en Ibiza.

La problemática de la vivienda constituye nuestro mayor reto social. Las instituciones locales tienen poco margen de maniobra -las competencias son autonómicas y la ley estatal-. Sin embargo, una actitud estática no se justifica. Se necesita una política ambiciosa a largo plazo, con un plan consensuado que fomente la vivienda social mediante la cesión de suelo público. Los presupuestos son escasos pero hay alternativas viables de colaboración público-privada, cooperativismo, etcétera, que apenas se están barajando.

La isla, asimismo, tampoco posee una agencia pública intermediaria, que gestione y garantice los alquileres para que los propietarios tengan más alternativas en este mercado irregular que hoy opera en Ibiza. Nadie ha planteado tampoco la posibilidad de crear un registro de inquilinos, donde figuren aquellos que son problemáticos, ya sea por impagos, molestias o subarrendamientos, y otro donde se pudiera integrar a agencias e intermediarios fiables.

La solución, en todo caso, no puede venir únicamente de la iniciativa pública. Los hoteles y otras empresas turísticas, que antaño ofrecían viviendas a sus plantillas y que acabaron incorporando estos espacios a la explotación, deberían volver a proponer alternativas de alojamiento si quieren atraer talento de fuera. En los últimos años han visto multiplicados sus beneficios y ahora toca invertir. La alternativa es la depreciación de sus negocios por falta de calidad profesional, que en hostelería constituye el elemento más importante.

Y a los propietarios de viviendas en alquiler cabe exigirles mayor rigurosidad y vigilancia y, sobre todo, aplicarles controles más férreos y multas más dolorosas. O se comienza a trabajar en serio en materia de vivienda o el éxito nos acabará matando por el flanco que menos esperábamos.