La problemática de los alquileres turísticos en zonas y edificios residenciales ha ocupado, y con razón, buena parte del debate político de los últimos meses. No en vano, nos encontramos ante un fenómeno en expansión desde hace tiempo y de enorme complejidad. Las dificultades para atajar el problema son diversas, pero muchas de ellas se refieren a cuestiones de índole legal.

La actual Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), modificada por el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2013, permite el alquiler de una vivienda, ya sea una casa o un piso, por meses, semanas e incluso días. La LAU únicamente se refiere a la legislación turística de forma muy superficial, como excepción a la propia norma, pero sin concretar en qué condiciones se puede considerar turístico un alquiler.

La diferenciación entre alquiler turístico (sometido a regulación por parte de la Comunidad Autónoma) y el alquiler de temporada (regulado por la LAU) viene regido por un criterio mal definido y en cierta forma anticuado llamado «canal de oferta turística», que no desarrolla ni define. Hoy en día ni los canales web -entendamos los portales de reservas- son exclusivamente turísticos y no son el único canal por el que se reserva. Las redes sociales como Facebook o Whatsapp se están convirtiendo en canales efectivos de comunicación y venta, pero son difícilmente catalogables como turísticos.

Por otra parte, la Ley Turística de Balears, aprobada por el Govern de José Ramón Bauzá en 2012, no dota a las administraciones competentes en ordenación turística -en nuestro caso el Consell Insular de Ibiza- de instrumentos legales para combatir con garantías incumplimientos de la ley, como es el uso turístico de viviendas en edificios plurifamiliares.

Es decir, que a pesar de estar prohibido por la ley balear de Bauzá, cientos de pisos de nuestra isla se alquilan a turistas desde hace años, restando viviendas a los residentes y trabajadores de temporada, dejando al Consell sin capacidad de control sobre la cantidad de plazas turísticas que puede albergar la isla y provocando los problemas ya conocidos: encarecimiento del precio de la vivienda, mala convivencia con residentes, actividades económicas que no tributan... Nos encontramos, en definitiva, ante un fracaso en toda regla de la legislación turística del Partido Popular.

Es cierto que la campaña de inspecciones del Consell de Ibiza, sin precedentes en esta isla, ha permitido iniciar en lo que llevamos de año más de 150 expedientes de sanción a alquileres turísticos irregulares que harán frente a multas que van desde los 4.000 a los 40.000 euros. La labor inspectora del Consell y la campaña informativa asociada a ella han tenido importantes efectos disuasivos. Pero no es suficiente.

Hay que abordar una revisión de la Ley Turística balear -en ello trabaja actualmente el Govern- y, sobre todo, de la ley estatal de Arrendamientos Urbanos. Por mucho que anunciemos propuestas grandilocuentes, como la modificación de los planeamientos municipales, el problema de los pisos turísticos se nos seguirá escapando de las manos mientras no seamos capaces de convencer al Gobierno estatal de la urgente necesidad de modificar la LAU para que catalogue como turísticos y, por tanto, sujetos a las leyes autonómicas, los alquileres por cortos espacios de tiempo.

La LAU es hoy en día un gran agujero legal por donde se nos escapan los infractores. Urge, en consecuencia, la unidad de todos los partidos políticos si queremos convencer a Madrid de la necesidad de modificar la legislación estatal para acabar con los problemas que provocan los alquileres turísticos irregulares, no solo en Ibiza, sino en todo la costa española.

Lo contrario, posicionarse a favor de la actual Ley de Arrendamientos Urbanos como ha hecho el Partido Popular en el Consell de Ibiza y en el Ayuntamiento de Santa Eulària, supone dar por buena la actual situación de alquileres irregulares a turistas que tantos problemas está provocando en nuestra isla.