La cruda realidad es que, a este paso, vamos abocados a tener que pagar dos veces por nuestra seguridad. La insuficiente dotación de las plantillas de Policía Nacional y de la Guardia Civil y la falta de medios, un año más, son causa de indignación e impotencia al constatar el abandono del Ministerio del Interior en temas de delincuencia. Si partimos de la base que el Estado es el responsable de garantizar la seguridad a los ciudadanos, es evidente que, una vez más, no cumple. Acabamos de inaugurar la temporada turística, y por poner un ejemplo, ya se han incrementado notablemente los robos en casas aisladas de la isla y en pocas semanas veremos cómo la tramitación de las denuncias por la multitud de faltas y delitos que se producen a diario, genera un colapso de tal magnitud en las oficinas, que, prácticamente, no queda personal policial para patrullar e investigar.

Al mismo tiempo que esto ocurre, el partido que da soporte al gobierno del Estado ha nombrado a la Delegada del Gobierno en Baleares, Sra. Palmer (principal responsable de la INseguridad en las Pitiusas) como número uno al Congreso de los Diputados. Todo un premio a la incompetencia. Los ciudadanos desconocemos el presupuesto necesario para el aumento de personal y medios en los Cuerpos y Fuerzas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado las islas, pero por poner algún ejemplo, cada kilómetro de AVE nos cuesta 14,4 millones de euros (sin los clásicos sobrecostes finales) de los presupuestos generales; invertimos millones y millones de euros en grandes obras hidráulicas; hemos tirado dinero público construyendo aeropuertos sin aviones, etc. etc. etc. Es evidente, por lo tanto, que invertir más en seguridad pública, es sencillamente una decisión política que, por nuestra desgracia, no parece que vaya a producirse en este momento.

Vista la actual situación de indefensión que sufrimos los ciudadanos de Ibiza y Formentera en temas de seguridad pública, cabe preguntarse: ¿Qué pueden hacer las instituciones locales, insulares y autonómicas para que la presente temporada no sea un auténtico drama? Poco. La llave de los presupuestos, y por lo tanto de la lucha contra la delincuencia, la tiene el Gobierno central; las policías locales no dan abasto con el control de las ordenanzas municipales como para dedicarse a temas de seguridad y delincuencia.

Los ayuntamientos (como administración más próxima a la ciudadanía) deberían empezar a valorar la posibilidad de prestar ayuda y colaborar con las asociaciones vecinales de las zonas rurales para organizar patrullas ciudadanas para espantar, en lo posible, a los delincuentes. La política de seguridad pública del gobierno del Estado hacia Ibiza y Formentera es injusta e irresponsable, a no ser que lo que pretendan en realidad sea que paguemos dos veces por la seguridad: por la que ya pagamos con nuestros impuestos y, además, por la seguridad privada. En definitiva, que quien quiera seguridad que se la pague

¡Yo reivindico seguridad pública!