Quizás algún lector sepa el nombre del diputado del Parlament balear que le representa y que nos cuesta de media anual 181.444 euros sumando lo que cobra en salario, dietas e indemnizaciones más el porcentaje de funcionarios, asesores y personal de confianza que paga el presupuesto de la Cámara. Pues cuando el conseller de Administraciones Públicas Simón Gornés quiere «intentar contener el crecimiento desaforado absolutamente insostenible» de la Administración, dos beneficiados de la bicoca, la ibicenca Pilar Costa y el menorquín Nel Martí, dicen que lo que hace Gornés es aplicar «un ERE». Cuestan 17 parlamentos autónomos y sus 1.218 parlamentarios 185 millones de euros, y las Cortes Generales de España 107 millones. Controlar ese dispendio solo suscita ocurrencias a Costa y Martí. El número de funcionarios autonómicos es proporcional al de políticos, que crean las plazas. De eso Pilar Costa sabe bastante y si no se van a casa los políticos, no tienen fuerza moral para arreglar el desbarajuste que han creado disponiendo del erario con tanta alegría como irresponsabilidad. Así hicieron administraciones autonómicas ahora insostenibles, con la idea de controlarlo todo y algunas plazas para amiguetes.

Desde la transición ha ido a más el intervencionismo de los partidos en cada faceta de la sociedad hasta no dejar ninguna iniciativa ciudadana libre de sus manoseos. Ejemplo paradigmático es la enseñanza, donde cada gobierno, la izquierda con mayor descaro, quiso hacer la escuela al antojo de su ideología a costa del derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos. No quieren darse cuenta muchos de que son innecesarios y nos hacen la vida más complicada y cara. Olvidan casi todos que deben intervenir solo donde es imprescindible la presencia del poder público. Y cuando plantean en el Parlament suprimir los sueldos de los diputados tienen una insólita unanimidad para decir que no.

Biel Barceló y Francina Armengol, portavoces ambos, dicen que suprimir el salario imposibilitaría el acceso de muchos a la condición de diputado. Tienen en bien poco la vocación política: que los que hacen de la política su modus vivendi dejen de poder hacerlo es solución más que problema; tan abundantes como insustanciales hoy, la política sin ellos solo puede ganar. La vocación se distingue por superar circunstancias adversas y quien tiene respuestas y se toma como deber ayudar a su país no lo condiciona a que se lo paguen en metálico. Que hay pocos dispuestos a una dedicación con incierto porvenir económico no es argumento en contra sino a favor. Hoy la sociedad tiene claro que sobran políticos, que están porque viven mejor de la política que si trabajaran, y que si dejan de cobrar se irían a su casa y no recordarían para nada su vocación política. Ni los echaríamos de menos.