El Consell ibicenco «ha caído al nivel más bajo de falta de autoridad de sus más de treinta años de historia, ya que el decreto [habla Tarrés del decreto de medidas urbanísticas del Govern], permite a los ayuntamientos modificar y decidir numerosos aspectos urbanísticos». Puede que el nivel del Consell haya caído bajo, pero a la calle, más que la altura del Consell, le importa que esa institución sirva a los vecinos y facilite en vez de complicarles su vida e intereses. Y si el Ayuntamiento resuelve sus problemas sin necesitar al Consell, bienvenida su caída de nivel. Las competencias, mientras más cerca del afectado, mejor.

Todo lo que se puede solventar localmente no tiene por qué irse lejos para incomodar al administrado, menos aún para subir el nivel de otra institución. Y es lícito pensar que atenderá mejor el urbanismo de una zona el Ayuntamiento que la ocupa que un Consell lejano y ajeno a ella. Quien aspira al poder corre peligro de perderse en la importancia de la institución que pretende, olvidando que su fin primordial es ser eficaz para quienes la mantienen y que su nivel va después del interés ciudadano: es alto si lo sirve y perverso si lo estorba. Se llenan la boca algunos con acercar la administración al ciudadano, siempre que la administración sean ellos.

Tarrés critica con razón que el Govern ponga sede en Formentera porque refleja desconfianza en el gobierno local y supone gastos superfluos. Pero en Ibiza mira con el cristal del partido de la oposición al poder actual y su partidismo lo lleva a esa frecuente política esquizofrénica que juzga distintas cosas semejantes. La corrupción en el urbanismo tampoco la evitó hasta ahora la duplicidad de competencias, pero la llenó de arbitrariedad y de la burocracia inútil y costosa que frena iniciativas del contribuyente.

Los políticos que consideran la altura de las instituciones lo primero parecen ajenos a la calle y pueden tener que ver con las reflexiones que el PSOE se hace hoy: por qué los dejaron de votar y cómo convencer de nuevo a los que así hicieron. Tienen algunos políticos la sospecha de que el individuo, la sociedad y sus instituciones son incapaces de solventar sus problemas sin su celoso intervencionismo. Si los ayuntamientos de la isla no son capaces de ejercer competencias deben desaparecer y no ser un lastre económico para todos. Si eso quiere Tarrés, que lo proponga. Pero si alguien tiene demostrada su incapacidad de regular el urbanismo desde el Consell de Ibiza, ese es Tarrés: lo puso en manos del más radical intervencionista, que chocó con media isla e hizo temblar su gobierno. Tuvo que hacerlo dimitir, dar marcha atrás y dejar todo en el aire. Es la realidad quien descalifica ese modo de regular el urbanismo de los demás a distancia. La prueba, esta enésima reforma tan discutida como las anteriores, pero que trae al menos la novedad de acercar la solución a los afectados.