Generar conflictos inexistentes en nuestra sociedad» fue una típica invectiva del franquismo contra los desafectos al Régimen. Ahora la traduce al catalán el PSIB y la propone a la comisión de Cultura, Educación y Deportes del Parlament balear como censura contra los que hablan de la lengua sin atenerse a la ortodoxia. «Desestabilización», «intentos de utilización», «individuos o colectivos peligrosos para la convivencia social», salen del argot de la dictadura y esa comisión, irónicamente llamada ´de Cultura´, los traduce y aplica sin piedad al vecindario. Podría ser que incluso Diario de Ibiza, que encabeza como ´polémica lingüística´ la noticia de un conflicto declarado inexistente, sea un colectivo peligroso para la convivencia social.

La comisión descubre sus intenciones cuando señala como el peor de los crímenes perseguir un «rédito electoral» con el tema de la lengua. Pero querer hurtar un tema a partidos y votantes es impropio de la democracia, y esta comisión, que declara inexistente el conflicto que sin embargo tanto le preocupa, advierte a los ciudadanos de que no deben tratarlo cuando por fin tienen oportunidad para influir: en las elecciones.

Para disimular sus desvaríos autoritarios suelen recurrir a la tecnocracia, a ´expertos´ que callen al pueblo ignorante: sacan a los filólogos de su papel de lingüistas para que dicten desde la política qué podemos hablar. Hasta Bauzá, objetivo último de los anatemas de la comisión, cae en esa trampa de la filología y quiso aducir los diversos modos de nombrar un objeto como razón contra la imposición de la lengua única, cuando el argumento, que la comisión y los filólogo-políticos no entenderán nunca, es la libertad de la gente.

Es un misterio quién haya autorizado a nuestros representantes a declarar anatema algo que afecta a muchos e influye decisivamente en la educación de los hijos, la sanidad, las posibilidades de acceso a un puesto de trabajo y en la atmósfera política de la sociedad balear, que en este terreno toma tintes autoritarios crecientes. Ese absolutismo inherente en no querer que los demás discutan lo que les interesa, en virtud de que ellos saben más, no impide a la comisión un canto final a la multiplicidad lingüística de la Comunidad, que, tras haberla sometido a saqueo, puede calificarse de cínico.

El derecho de la gente a discutir y decidir se complementa con el deber de los políticos de respetar el único dogma en democracia: la libre decisión del elector, sin imposiciones de ´expertos´. Hacen electoralismo con la lengua los que, desde partidos cuyo único fin es la imposición en un territorio de una lengua única, lanzan anatemas contra la posibilidad de que otros partidos les contradigan. Los mismos que proclaman que todo es revisable, Constitución incluida, para introducir cambios con los que se sientan realizados, declaran dogma irrevisable lo que ya se ajusta a sus objetivos, y enemigos de la sociedad a los que no se ponen su uniforme.