Negando al César (Camilo José CELA CONDE)

La Constitución española dice, en su artículo 16, que ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal, es decir, que España es un país laico en el que el Estado permanece al margen de los credos, tenidos todos ellos por iguales a los efectos del trato que han de recibir. No hay un documento semejante a la ley de leyes por lo que hace a las religiones pero, al menos, las llamadas `del libro´ disponen de unos textos sagrados a los que los creyentes atribuyen una autoría divina. La iglesia católica dispone, pues, de la Biblia y, formando parte de ella, de un Nuevo Testamento en el que figura, si no recuerdo mal, la recomendación hecha por Jesucristo de dar al César lo que es del César y a Dios lo que pertenece a Dios.

Esa separación entre el mundo laico y el religioso fue el fundamento mismo de la aparición de los Estados modernos, una vez que el poder religioso -de la mano sobre todo de la reforma protestante- decidió desentenderse de los asuntos políticos y centrarse en lo que forma parte del mensaje bíblico. Los obispos del reino de España parecen, no obstante, haber decidido que al César hay que negarle lo que le corresponde. De tal suerte, se han puesto a hacer política. El tipo de praxis política elegida puede deducirse muy bien de la actitud de la cadena de radio que cuenta en su accionariado con participación episcopal. Pero, por si alguien no se ha enterado, los obispos hicieron una declaración pidiendo a los ciudadanos que el día 9 de marzo voten a partidos que no defiendan ni el diálogo con terroristas, ni el matrimonio homosexual. Verde, y con asas.

¿Y dónde queda, a todas esas, el mandato constitucional del Estado laico? Un obispo, don Jesús García Burillo, lo ha dejado claro haciendo público el concepto de laicismo de la iglesia católica mediante una carta colgada en Internet. En ella, el señor obispo define el laicismo así: «Laico en lenguaje eclesial es un fiel cristiano cuya vocación consiste en buscar el reino de Dios, tratando y ordenando las cosas temporales según el plan de Dios». Que los fieles cristianos, los obispos y los monaguillos busquen el reino de Dios es algo que entra, faltaría más, en sus prerrogativas inalienables, que incluyen el derecho que la Constitución establece y defiende de hacerlo a su gusto y en términos de su decisión personal. Pero ese derecho tiene un límite muy claro: los propios de los demás. Ordenar las cosas temporales de los musulmanes, pongo por ejemplo -o de los agnósticos, ya que estamos-, según lo que conviene al obispado es un propósito al que cabría llamar, tirando por bajo, ilegítimo en los términos que establece la Carta Magna. Pero los señores obispos no parecen haberse enterado. Como tampoco se enteran, por cierto, de que hay votantes del Partido Popular que no creen en el Dios de la Biblia, y hay ciudadanos que, católicos convencidos, eligen a los socialistas. Un poco de respeto a todos ellos por parte de los obispos no vendría pero que nada mal.