Opinión
El aborto y los políticos (Rafael VARGAS)
Tirar piedras a una clínica abortista no es argumento en pro ni en contra del aborto; sólo demuestra que los vándalos existen. Al señor Juan Navarro Marí (Diario de Ibiza del 12 de febrero) le interesa explotar esos actos como político de partido que se declara, pero yo no estoy en campaña electoral. Se descentra el debate cuando alguien pretende crear una atmósfera favorable a su postura en lugar de presentar los hechos de manera equilibrada: identificar a los contrarios al aborto con los vándalos es demagogia.
Opino sobre el aborto, tema siempre trágico y sobre el que no faltan hechos y argumentos racionales para debatir. Pontifica Navarro: «Las mujeres son en justicia las únicas que pueden decidir», y en lenguaje mitinero clama contra «los intransigentes de siempre» que persiguen a las mujeres y a las clínicas, de las que se declara defensor en su canto al aborto libre. Pero es de esperar que aunque sea dirigente político acepte la Constitución y las sentencias del Tribunal Constitucional, como la STC 53/1985, de 11 de abril: «La vida del nasciturus, en cuanto éste encarna un valor fundamental -la vida humana- garantizado en el artículo 15 de la Constitución, constituye un bien jurídico cuya protección encuentra en dicho precepto fundamento constitucional». El feto, como vida humana reconocida que es, está protegido por la ley y puede heredar, recibir donaciones o actuar en juicio a través de sus representantes, porque el Derecho considera al feto como un ser humano. No parece Navarro de acuerdo en considerar humano al feto, lo que sólo puedo saber por inferencia, ya que en su extenso escrito no lo nombra nunca, lo ignora como si no existiera y no fuera el centro del debate, apoya el aborto pero no a la embarazada en apuros, que siempre lleva un feto dentro. La ley despenaliza tres supuestos de aborto, no lo declara derecho. La ley de plazos que reclama parte de la izquierda sería inconstitucional en España: el derecho a la vida del feto sólo cede en razón de posibles derechos de igual grado, pero no por la mera voluntad de la madre.
Casi un aborto cada cinco minutos (0,976), más de once a la hora, 278 al día y 8.466 al mes hasta los 101.592 abortos del año 2006, y el mayor aumento conocido en la tasa de abortos, contradicen frontalmente el temor reiterativo de Navarro a tener que salir de España para abortar: en esto está especialmente desinformado, porque el flujo es hacia España: más de la mitad de las no residentes que acudieron a España el 2006 para abortar eran gestantes de más de 17 semanas, mientras la mayoría de las españolas de la misma edad lo eran de menos de 12 semanas. Y 3.383 mujeres residentes en el extranjero abortaron en nuestro país el año 2006. Vienen por la permisividad y la ignorancia que se hace de la ley.
La Guardia Civil del Seprona encuentra restos de abortos que vulneran la normativa medioambiental (las clínicas que Navarro ve «dentro de la ley y con todas las garantías de seguridad e higiene» se lo ahorraban en ataúdes para ampliar ganancias), y a Barcelona llegan policías y jueces holandeses (uno de los países más permisivos) para interrogar a Morín y compañía por posible delito de homicidio. Esos son «los de siempre que persiguen a las clínicas», y mientras la industria del aborto progresa con el aplauso de algunos políticos, el señor Morín, que hizo las Américas al revés hace 20 años, se pasea en Ferrari y su señora en Maserati con los beneficios.
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