El desafío de los taxistas (Joan SERRA)

El conflicto entre los taxistas y el Consell de Eivissa por el plan de licencias temporales para el verano lleva camino de enconarse. Los propietarios de licencias ya demostraron el pasado miércoles que están dispuestos a echar un pulso al gobierno insular: dejar sin taxis a toda la isla sin previo aviso fue una provocación en toda regla; pero el Consell parece aceptar el envite: no cedió a la presión y, tal como tenía previsto, el viernes aprobó el plan que prevé distribuir los permisos estacionales a partes iguales entre los taxistas propietarios y los asalariados. La respuesta de los patronos del taxi no se hizo esperar y el mismo día anunciaron que proseguirían sus paros semanales todos los sábados, que no piensan respetar los servicios mínimos establecidos por los ayuntamientos y que a partir de Semana Santa iniciarían una huelga indefinida. Y por si fuera poco, el presidente de la Confederación del Taxi de España, José Artemio Ardura, que vino a respaldar a las patronales ibicencas del sector, encrespó aún más los ánimos con sus críticas a la actuación del Consell: «Están jugando con fuego», advirtió ante los periodistas en tono desafiante y amenazador.

Los empresarios del taxi tienen pleno derecho a recurrir al paro patronal en apoyo de sus reivindicaciones, pero no a vulnerar todas sus obligaciones como prestadores de un servicio público. Y nada hay que legitime su injustificable acción del miércoles al dejarlo completamente desatendido sin ningún preaviso, por sorpresa, con el propósito evidente de crear problemas y usando a muchos ciudadanos como rehenes de sus exigencias. Actuaciones como ésta o su declarada intención de no respetar los servicios mínimos hacen un flaco favor a la causa que defienden, generan mucha antipatía y favorecen las reacciones de firmeza de las instituciones.

La posición del titular de una licencia de taxi no es la de un empresario privado convencional, puesto que su actividad se desarrolla en régimen de concesión administrativa, sometida a la ordenación y control de la institución que la otorga y de las demás administraciones competentes en materia de transportes. El vigente -aunque desfasado- reglamento nacional de los servicios urbanos e interurbanos de transportes en automóviles ligeros, que data de 1979, obliga a los taxis «a concurrir diariamente a las paradas para la prestación de los servicios de su clase», combinando los horarios de tal manera «que aquéllas se encuentren en todo caso debidamente atendidas». Podrá discutirse la terminología, si puede hablarse propiamente de servicios mínimos, ya que los propietarios no hacen `huelgas´ sino paros patronales, pero el fondo de la cuestión, que los ayuntamientos pueden imponer una prestación mínima obligatoria del servicio, es indiscutible. El citado reglamento es categórico cuando establece que los ayuntamientos o entidades que otorguen las licencias «podrán establecer la obligación de prestación de servicios en áreas, zonas o paradas (...) y en horas determinadas del día o de la noche». Por tanto, los ayuntamientos no pueden tolerar que los taxistas incumplan deliberadamente sus deberes con paros salvajes o que ignoren los mínimos señalados para atender el servicio, porque su primera responsabilidad es hacer que se cumpla la ley y, sobre todo, salvaguardar el interés colectivo de los ciudadanos.