Conflicto innecesario (Secundino FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ / Eivissa)

He asistido como mero espectador y lector al conflicto habido, desarrollado y dilatado como una película del hampa. Todo el argumento lo ha resumido y reflejado muy objetivamente Joan Serra en su artículo del 27 de enero en este Diario. Llegado este momento y como asalariado del sector del taxi me gustaría hacer ciertas consideraciones: lamentar la imagen ofrecida al público en general (sobre todo si se desconocen los pormenores, vistos los comentarios a las noticias de este Diario en Internet). En este conflicto el Consell ha intentado actuar con ecuanimidad y equilibrio, zanjando el tema de forma salomónica, lo cual aparentemente es una solución equitativa, ética y moral; el fallo es que se ha partido de un buñuelo viciado (mano de santo), la Ley de Acompañamiento, posiblemente sin base legal y pendiente de resolver por el Tribunal Superior; por lo tanto la solución es ilegal. Espero que el representante de la asociación así lo haya expresado y mantenido en las reuniones, si lo han dejado, siendo coherente con las posiciones mostradas en los años 2006 y 2007. Por el mero hecho de poder acceder a ellas no varía la ilegalidad de su creación.

Independientemente de que sean ilegales, son inmorales, sobre todo ante personas que por méritos han accedido a una licencia fija y los ayuntamientos han saqueado cobrándoles 150.000 euros (agravio comparativo con las anteriores) y que en el momento de recolectar la flor van a chocar con piratas (con papeles) caídos de un plan de actuación, y de momento gratis. Siempre he criticado la estrategia utilizada por el señor Albert Prats para acceder a la política, pero posiblemente hayamos ganado un político de talla y capacidad para gobernar. Al menos en este conflicto ha demostrado valentía e integridad (soportando presiones no siempre llevadas por los cauces del civismo y la ética) al intentar aplicar la Constitución y en concreto el artículo 129. No obstante hubiera evitado el conflicto, sus tensiones y horas de dedicación ignorando el buñuelo de mano de santo e instando a los ayuntamientos a mejorar su tesorería haciendo caja, otorgando las licencias fijas que les corresponden, aplicando la ley vigente de 1979, evitando guetos al proporcionar los mismos derechos y obligaciones.

Todo lo anterior viene a colación al leer el diario del 9 de febrero en donde el nuevo portavoz de los titulares hace unas comparaciones irrisorias y expone argumentos más propios de Serafín y los suyos que de un letrado, por su vacío de contenido, poca solidez y nula solvencia, solamente justificable al ser inherente a la profesión el defender lo indefendible mientras haya minuta. De lo contrario, demostraría un desconocimiento total del sector que representa, las leyes que lo regulan y la normativa vigente dentro del marco constitucional y sobre todo la aplicación del artículo 129.

Al hacer ciertas comparaciones hace el ridículo, señor Ramón; en este sector todo está legislado, regulado, escrito y las pautas marcadas, solamente hace falta aplicarlo en base a derecho, sin utilización ni manipulación política. Por cierto a la población se la sensibiliza ofreciendo un servicio público eficaz y de calidad, no exponiendo las miserias y egoísmos particulares.