Los `peros´ del PP (Antonio CASADO)

Ante el hecho evidente de que tanto el juez Garzón, por la vía penal, como el Tribunal Supremo, por la Ley de Partidos, dejan fuera de la circulación a los amigos de ETA en sus últimas versiones, PCTV y ANV, resultan injustos y no responden a la realidad los peros del PP y su entorno mediático a las recientes decisiones judiciales.

El líder del PP, Mariano Rajoy, dice que esa ofensiva legal, impulsada por el Gobierno a través de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, con las pruebas acumuladas en un largo, discreto, riguroso y paciente trabajo de acumulación de pruebas por parte de los cuerpos policiales, llega «tarde, mal y a rastras». Y la dirigente vasca María San Gil acusa al Gobierno de haber hecho irreversible el acceso de los nuevos amigos de ETA a 38 alcaldías del País Vasco. San Gil sostiene además que durante los cuatro años de la legislatura, «ETA ha recuperado la esperanza de volver a ser un interlocutor político».

Por otra parte, el entorno mediático del PP vuelve a soltar una liebre: el supuesto «varapalo» del Tribunal Supremo al Gobierno. Como se sabe, el alto tribunal ha rechazado decretar la suspensión de actividades de estos partidos, en contra de lo reclamado por la representación legal del Gobierno (Abogacía del Estado). Pero habría sido superflua en la práctica, pues esa medida cautelar ya ha sido tomada por el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional en aplicación del Código Penal (artículo 129). Eso sirve de pretexto para calificar al juez de «amanuense del Gobierno», olvidando que el Supremo ya avaló al juez en agosto de 2002 (suspensión de actividades de Batasuna). No hay ninguna razón para que no le avale ahora en la adopción de la misma medida para PCTV y ANV.

El inalterable discurso del PP sigue reprobando al Gobierno por no haber ilegalizado a estos dos partidos mucho antes -en ese discurso, nunca se matiza que esa decisión es judicial y no gubernamental-, y no haber impugnado todas las listas de ANV, no sólo la mitad, para las municipales de mayo. Pero si las pruebas de ahora no son suficientes para que el Tribunal Supremo decida suspender actividades de ANV y disuelva el grupo parlamentario del PCTV, menos lo serían hace ocho meses para ilegalizar. Por no recordar que ya entonces el Tribunal Constitucional consideró la ilegalización de ANV «desproporcionada».

El mismo calificativo que ahora utiliza el Supremo para negarse a suspender las actividades del mismo partido. Por tanto, no parece que el Gobierno enfocase mal el asunto cuando, en su momento, rechazó la política de tierra quemada en materia de derechos fundamentales (participación, asociación, sufragio) que no ha dejado de pedir el PP a lo largo de estos años.