El caso Lamela (Rafael TORRES)

Acusar al responsable del servicio de urgencias de un gran hospital público del asesinato de 400 pacientes no beneficia, ciertamente, al crédito de la sanidad pública, ya menguado, por lo demás, por la torpeza y la incuria con que la Administración y sus diversas franquicias autonómicas la gestionan y administran. Pero acusar sin indicios, sin pruebas, sin investigación, sin escuchar a los señalados, fiándolo todo en una denuncia anónima, descalifica absolutamente al responsable del atropello, ese Manuel Lamela que ejercía de consejero de Sanidad de Madrid cuando destituyó al doctor Montes del `Severo Ochoa´, y que hoy, acaso como premio a su labor infausta, sigue viviendo del erario como Consejero de otra cosa.

Al fondo, las sedaciones a moribundos, pero sólo al fondo. Antes, la religión, la política (caza de brujas) o, según cree quien esto escribe, el propósito de ocultar la vertiginosa privatización de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid (los hospitales que se construyen lo hacen con participación y futura gestión de empresas multinacionales) con un asunto detonante que, sobre arrojar dudas y sospechas sobre la sanidad comunal, acaparara durante más de un año la atención informativa de los medios. Las sedaciones, al fondo, como excusa o como coartada, pues sobre ellas poco hay que decir en realidad: siempre es una obligación del personal médico aliviar el sufrimiento de suspacientes con cuantos medios haya a su alcance.

Los tribunales han exonerado de toda culpa, al fin, a los acusados y depurados en su día por el gobierno de Esperanza Aguirre, pero ¿qué pueden hacer para alivivar el calvario que han sufrido, acusados ominosamente de tantos crímenes, durante todo este tiempo? Se cierra el `caso Severo Ochoa´; permanece abierto el `caso Lamela´.