Última hora, en directo, de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas del caso David Sánchez, Begoña Gómez, Zapatero, Leire Díez y toda la trama PSOE

Ahora, Calama rechaza esta pretensión al explicar que la aparición de las transferencias vinculadas a Focus Social Research (del grupo Gloria) no es el resultado de una fiscalización indiscriminada de la vida de Zapatero, sino "la consecuencia natural del análisis de fuentes de prueba válidamente obtenidas en el marco de unas diligencias judiciales que ya estaban en curso".

"Y que, por su propia naturaleza, permiten que afloren hechos inicialmente no previstos pero dotados de verosimilitud delictiva", añade el juez en relación al informe de la UDEF que reveló ese pago.

Por tanto, "no existe vulneración de derechos fundamentales. La información procede de fuentes de prueba obtenidas con autorización judicial; su análisis no excede el marco de la investigación; no se ha producido intromisión ilegítima en la intimidad; y no hay rastro de una investigación general sobre la vida del investigado".

Sin embargo, ocurre que ese pago "por su cuantía, origen y contexto, puede ser relevante para determinar si existieron contraprestaciones ilícitas, influencias indebidas o retornos económicos vinculados a las relaciones que ya estaban siendo investigadas".

Porque, según EFE, "que Zapatero participe en conferencias o reciba remuneraciones por asesoramiento no excluye que determinados pagos puedan tener naturaleza distinta, y precisamente por eso deben ser analizados cuando emergen de la documentación intervenida".

Ahora, Calama rechaza esta pretensión al explicar que la aparición de las transferencias vinculadas a Focus Social Research (del grupo Gloria) no es el resultado de una fiscalización indiscriminada de la vida de Zapatero, sino "la consecuencia natural del análisis de fuentes de prueba válidamente obtenidas en el marco de unas diligencias judiciales que ya estaban en curso".

"Y que, por su propia naturaleza, permiten que afloren hechos inicialmente no previstos pero dotados de verosimilitud delictiva", añade el juez en relación al informe de la UDEF que reveló ese pago.

Por tanto, "no existe vulneración de derechos fundamentales. La información procede de fuentes de prueba obtenidas con autorización judicial; su análisis no excede el marco de la investigación; no se ha producido intromisión ilegítima en la intimidad; y no hay rastro de una investigación general sobre la vida del investigado".

Sin embargo, ocurre que ese pago "por su cuantía, origen y contexto, puede ser relevante para determinar si existieron contraprestaciones ilícitas, influencias indebidas o retornos económicos vinculados a las relaciones que ya estaban siendo investigadas".

Porque, según EFE, "que Zapatero participe en conferencias o reciba remuneraciones por asesoramiento no excluye que determinados pagos puedan tener naturaleza distinta, y precisamente por eso deben ser analizados cuando emergen de la documentación intervenida".

El informe de la UDEF sostiene que el expresidente del Gobierno participó en una "dinámica de intermediación e influencias" con autoridades de Bolivia "orientadas a beneficiar los intereses" del grupo empresarial peruano Gloria, "mediando una contraprestación económica de 200.000 euros" entre 2024 y 2025.

"Los hechos analizados en el presente informe apuntalan, a juicio de los investigadores, los indicios de la existencia de una organización criminal, liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que, aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional, se dedicaría al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes", apunta la UDEF

El juez avala ampliar la investigación a Zapatero por el pago de una operación en Bolivia

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha avalado que se investigue el pago de 200.000 euros que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero cobró del grupo peruano Gloria por intermediar con las autoridades de Bolivia, por una indemnización pendiente de pago para una de sus empresas.

La defensa de Zapatero pidió no incluir en la investigación este pago porque esta empresa "no estaba en el perímetro objetivo de la investigación" por lo que "resulta injustificado que la policía dirija ahora su atención a esa relación profesional, fruto de una indagación sin límites ni autorización judicial".

Advierte el letrado Antonio Camacho que el requerimiento del juez "exige a esta defensa que acredite que no se ha llevado a cabo acto alguno constitutivo del delito de quebrantamiento de medida cautelar", lo que "invierte de forma manifiesta el principio cardinal del proceso penal".

"La carga de la prueba corresponde a la acusación, nunca a la defensa", añade, recordando que debe prevalecer la presunción de inocencia.

Sobre la petición del juez de que se demuestre "que no se hizo un uso inadecuado de la autorización de salida del territorio nacional", la defensa afirma que "probar que algo no ocurrió, cuando ese algo no está concretado en un acto o lugar específico y determinado, constituye lo que la doctrina procesalista y la jurisprudencia denominan probatio diabólica".

Esta "probatio diabólica" supone, advierte, "la exigencia de una prueba imposible o de dificultad desproporcionada que, por su propia naturaleza, ningún justiciable puede razonablemente satisfacer".

Por todo ello el letrado de Begoña Gómez pide que se deje sin efecto la providencia dictada, se reconozca que es la acusación la que debería probar un supuesta conducta delictiva y que, en el caso de que el magistrado mantenga la exigencia de acreditación, pida datos sobre el viaje a las autoridades británicas.

Detalles y billetes

Peinado envió a juicio con jurado a Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos y ordenó, en un auto dictado el pasado 20 de junio, que se le retirase el pasaporte, se le prohibiera salir de España y que compareciese en el juzgado cada 15 días, como medidas cautelares hasta la celebración del juicio, al apreciar riesgo de fuga.

Luego su letrado pidió permiso para viajar al extranjero entre el 7 y el 10 de julio, a Ankara para ir a la cumbre de la OTAN junto al presidente y luego a Londres para la graduación de su hija, y un juez que sustituyó a Peinado en unos días de vacaciones le dio permiso solo para la segunda parte del viaje.

Tras el "el sorprendente requerimiento" del juez Peinado para que Begoña Gómez justifique dónde viajó, su letrado ha presentado un recurso en el que explica que "el Reino Unido ha suprimido la estampación de sellos físicos en los pasaporte" como práctica ordinaria, "reservándose únicamente para supuestos excepcionales" .

Así "la acreditación de la entrada en el Reino Unido puede efectuarse mediante otros medios de prueba plenamente válidos, tales como los registros electrónicos de la compañía aérea, tarjetas de embarque, reservas de vuelo, justificantes de viaje, registros de inmigración".

"Sin que la falta de un sello en el pasaporte pueda interpretarse, por sí misma, como prueba de la inexistencia del mismo", añade, por tanto, "a estos efectos se aportan los billetes de ida a Londres y de vuelta desde Bristol".

Begoña Gómez entrega a Peinado los billetes a Londres y reprocha tener que acreditar que no delinque

La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha entregado al juez Juan Carlos Peinado los billetes de avión de su viaje a Londres para presenciar la graduación de su hija en un recurso en el que le reprocha que le obligue a acreditar la "inexistencia de una conducta delictiva".

El pasado lunes Peinado pidió a Begoña Gómez que justificara que utilizó el pasaporte únicamente para viajar a Londres para asistir a la graduación de su hija, ya que en el que entregó el domingo en persona en los juzgados de Plaza de Castilla no hay sellos que acrediten entradas y salidas.

Detalla el magistrado que a la vista del resultado de ese informe "se resolverá sobre el requerimiento de inhibición promovido por la Plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Central de Instrucción", que es el órgano que solicitó el pasado mes de junio quedarse con la causa.

En concreto el juez Santiago Pedraz adujo que esta causa le correspondería ahora a la Audiencia Nacional por estar siendo investigados los mismos hechos por, entre otros, un delito contra las instituciones del Estado, del que es competente este tribunal.

Ahora el juez Zamarriego argumenta que debe recibir el citado informe pericial, que encargó para determinar si pudieron ser manipuladas las grabaciones aportadas a la causa por el fiscal Ignacio Stampa, quien declaró como testigo que Leire Díez le pidió información a cambio de ayudarle en su carrera.

Precisamente este miércoles declara en la Audiencia Nacional, en la causa en la que Pedraz indaga sobre una presunta trama para desestabilizar operaciones policiales y judiciales que afecten al PSOE o al Gobierno, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y dos fiscales que se reunieron con la exmilitante socialista (Diego Villafañe y Beatriz López).

El juez que investiga a Leire Díez en los juzgados madrileños prorroga la instrucción 6 meses

El juez de Plaza de Castilla que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez por presuntas maniobras contra jueces, fiscales y mandos de la Guardia Civil ha prorrogado la instrucción durante seis meses porque está a la espera de un informe de la Policía, tras el que decidirá si se inhibe en el juez en la Audiencia Nacional que investiga a su vez hechos similares.

En un auto al que tenido acceso EFE, el magistrado Arturo Zamarriego explica que el 24 de julio se cumplirá un año de la apertura de esta causa, en la que investiga a Leire Díez, al empresario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Y resuelve prorrogar la instrucción, como dicta la ley si no ha finalizado la investigación y quedan diligencias por practicar, ya que falta un informe de la Policía Científica "necesario para el esclarecimiento de los hechos".

El ex número dos de la Fiscalía General cuenta al juez que informó a Álvaro García Ortiz de encuentros con Leire Díez

El riesgo de que ciertos detalles pudieran acabar anulando las investigaciones judiciales del caso hidrocarburos fue el anzuelo elegido por el abogado Jacobo Teijelo y Leire Díez para conseguir una entrevista con altos cargos de la Fiscalía. Es parte de lo que han contado este miércoles los fiscales Diego Villafañe y Beatriz López al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga la trama de corrupción supuestamente urdida en los aledaños del PSOE.