La dirección de RTVE abre expediente al Consejo de Informativos de RNE tras denunciar "mala praxis" y cuando se cumple un año de los 'viernes negros'

La dirección de RTVE abre expediente a los miembros del Consejo de Informativos de RNE que advirtieron en sus resoluciones de la "mala praxis profesional" en el informativo 24 horas. El área de Recursos Humanos ha iniciado acciones contra siete de sus nueve miembros y le acusa de faltas "muy graves", con sanciones que van desde la suspensión de empleo y sueldo hasta el despido. El motivo son las críticas vertidas por el Consejo de Informativos en varios de sus informes, que hacían referencia a la afectación del "rigor" y la "credibilidad del servicio público" del área de Informativos 24 horas. Un expediente que en la plantilla de RNE consideran una "represalia" por las críticas hacia la deriva del ente público.

Las acciones se abren a raíz de una denuncia interna por presunto maltrato psicológico presentada hace meses por la directora de este área, RM, con la circunstancia de que es la propia dirección de RTVE la que inicia esta vez el expediente después de que la semana pasada se archivara una investigación interna abierta a raíz de estos mismos hechos, y a una semana de que la plantilla de Radio Nacional de España (RNE) cumpla su primer aniversario de protestas en la plantilla bajo los llamados viernes negros.

La investigación se inició hace meses, cuando siete de los nueve miembros del Consejo recibieron una citación interna para comparecer dentro de un proceso por acoso psicológico. "No les informaron ni de quién les acusa ni de qué en concreto", detallan fuentes conocedoras. "Se enteran cuando llegan y el psicólogo externo contratado por la empresa les empieza a hacer preguntas" y que, según detallan, "ya tenía previamente sus conclusiones sacadas".

En mayo, el propio Consejo de Informativos denunció que la investigación abierta estaba "derivada del ejercicio de sus funciones legales de control editorial", al tiempo que pedía a RTVE la suspensión del proceso.

Las resoluciones

La causa parte de una denuncia interpuesta por R.M a raíz de varias resoluciones donde el Consejo de Informativos advierte de "incidencias" o "mala praxis" en el informativo 24 horas. Estas resoluciones están fechadas el 28 de enero y el 25 de marzo y responden a la labor habitual del órgano, cuya misión legal es precisamente lanzar este tipo de advertencias.

Así, la ley 17/2006, de 5 de junio, de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal, en su artículo 24, le atribuye expresamente la función de "velar por la independencia editorial y la objetividad y veracidad de los contenidos informativos de la Corporación RTVE", mientras el Estatuto de Información de RTVE le asigna la tarea de "informar sobre posibles malas prácticas informativas, así como dar amparo a los profesionales que las denuncien".

En la resolución del 28 de enero emitida por el Consejo de Informativos, uno de sus apartados estaba bajo el título "mala praxis profesional en el informativo 24 horas", y en él el órgano manifestaba "su preocupación por los continuos errores, cada vez más graves, cometidos por la directora del informativo 24 horas", refiriéndose a "imprecisiones en la identificación de personas y cargos públicos" o "expresiones inadecuadas para referirse a características étnicas", antes de advertir que "estos hechos afectan al rigor y a la credibilidad del servicio público y subraya la importancia de actuar con especial cuidado para que este tipo de errores no vuelva a suceder".

En la segunda resolución, del 25 de marzo, el Consejo de Informativos vuelve a apuntar al mismo área y destaca las "incidencias en la edición del informativo 24h", cuestionando la expresión "justicia poética" emitida por R.M para referirse a la muerte de Antonio Tejero coincidiendo con la desclasificación de documentos del 23F. El órgano atribuye "gran parte del problema a la concepción del informativo 24h como 'informativo de autor', un formato que este órgano rechaza explícitamente".

"Deriva de expedientes, investigaciones y represalias"

A raíz de esa investigación interna, la plantilla de RNE se movilizó y lanzó un comunicado de apoyo al Consejo de Informativos que recabó más de 200 firmas que se elevaron a la dirección. En él, denunciaba el "hecho inédito" de que se abriera una causa precisamente contra los miembros de un "un órgano elegido democráticamente que se encarga de velar por la independencia" y que están especialmente protegidos según la normativa interna, "una protección que, a todas luces, se ve vulnerada con esta citación". Así, exigían "que acabe esta deriva de expedientes, investigaciones y represalias que nada tienen que ver con lo profesional". Unas represalias que vinculan directamente con los viernes negros.

El artículo 47.c del Estatuto de Información de RTVE recoge expresamente que ningún miembro del Consejo de Informativos podrá "ser despedido ni sancionado durante el ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a la expiración de su mandato", detalla, "siempre que el despido o sanción se base en la acción del trabajador en el ejercicio de su representación".

Los tres Consejos de Informativos de la radiotelevisión pública española -RTVE, TVE y RNE- lanzaron otro comunicado conjunto donde aseguraban que "es irregular que se pueda abrir un proceso de supuesto acoso contra una persona por actuaciones de un Consejo de Informativos que es un órgano Colegiado". Además, lo enmarcaba directamente en "los ataques que estamos sufriendo por parte de la Dirección de RTVE o Directivos".

Cierre y reapertura de las actuaciones

Finalmente, y después de meses, la Comisión de Acoso dio carpetazo al asunto. En una resolución fechada el 18 de junio y notificada la semana pasada, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, exponía que "la propuesta no puede salir adelante, al no reunir" los votos necesarios "para elevar la resolución propuesta por el técnico especialista en el informe". "Por lo tanto -continuaba-, no se formula propuesta de resolución por parte de la Comisión de Acoso". En teoría, no se había elevado el informe oficial del caso por parte del especialista contratado. El asunto quedaba archivado.

Pese a esto, ha sido el área de Recursos Humanos quien ha retomado el asunto y esta misma semana ha notificado la apertura de expediente a los siete miembros del Consejo de Informativos de RNE, argumentándolo precisamente en ese informe que -al menos en teoría- nunca se elevó.

Desde RTVE, a consultas de este medio, evitan hacer comentarios al respecto, aunque otras fuentes justifican las actuaciones de la dirección argumentando que la resolución de la Comisión antiacoso no es vinculante y que RRHH tiene las manos libres para tomar cualquier decisión, una vez que tiene el polémico informe en sus manos.

"Faltas muy graves"

Pese a que el informe no se había elevado oficialmente, en la notificación de apertura de expediente, firmada por el Director de Servicios Corporativos de RTVE, Eduardo Fernández Palomares y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el área de RRHH apela precisamente a ese informe externo.

Este informe se basa precisamente en la actividad legalmente encomendada al Consejo de Informativos, por realizar "diversos pronunciamientos cuestionando a (R.M) por mala praxis profesional, sin dar audiencia previa a la misma, estableciendo un patrón mantenido en el tiempo, al ser estos acuerdos difundidos reiterados, sistemáticos y sostenidos, al menos desde el 28 de enero de 2026".

Así, determinó que "la acumulación de pronunciamientos sobre el desempeño de una misma profesional, sin que conste audiencia previa de la afectada, constituye en sí misma un factor de afectación psicosocial", determinando que existe un "patrón de pronunciamientos reiterados", lo que constituye -según concluye- "una situación de acoso de carácter colectivo" contra R.M. Fuentes de RNE señalan a este medio que, antes de emitir las resoluciones, el órgano de control de la radio contactó previamente con la persona interesada, con quien llegaron a mantener una reunión presencial.

En su expediente, la dirección de RTVE advierte a los afectados de las faltas "muy graves" a las que se enfrentan, tales como "fraude, deslealtad o abuso de confianza", "conductas de acoso psicológico" o "una grave transgresión de la buena fe".

Este tipo de faltas conllevan una posible sanción de suspensión de empleo y sueldo de 16 a 60 días o el despido con pérdida de derechos. Los afectados disponen de siete días para recurrir. Esta apertura de expediente se produce mientras los dos miembros de UGT imputados de RTVE por filtrar el examen de oposición siguen a día de hoy en su puesto de trabajo y percibiendo un sueldo público.

Un año de 'viernes negros'

Este episodio supone una gota más en un vaso a punto de desbordarse. El malestar es patente en la plantilla de RNE, que la semana que viene cumple un año desde que comenzó con los llamados viernes negros; unas protestas iniciadas el verano pasado tras conocerse la nueva programación, que puso de manifiesto la externalización acometida en la mayoría de las franjas horarias, donde las principales voces de la antena son fichajes externos a RTVE, y donde se confirmó la reducción del tiempo de informativos.

Cuando comenzaron las protestas semanales, "empezaron las represalias", según reseñan distintos trabajadores de RNE a EL PERIÓDICO. "Nunca antes, ni con las direcciones más radicales, se habían cruzado estos límites", detallan voces de la plantilla. "Nunca llegaron a este punto de usar así los mecanismos internos en favor de sus intereses", lamentan.

Atribuyen estas actuaciones a la dirección de RTVE, que en RNE encabeza Roberto Santamaría, y que habrían estado dirigidas contra los miembros de la plantilla que formaban parte de los viernes negros, con cambios de puestos, cierres de áreas, aperturas de expedientes o apercibimientos. Ahora son los miembros del propio Consejo de Informativos de RNE, representantes de los trabajadores, los expedientados.

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