El Gobierno valenciano alegó que la dana fue imprevisible para anular sanciones a empresas pese al aviso rojo de Aemet

La investigación judicial que investiga la gestión de la dana, en el juzgado de Catarroja, intenta desmadejar si las consecuencias lesivas y mortales de la catástrofe fueron imprevisibles o inevitables. La instructora Nuria Ruiz Tobarra considera que no, que había avisos de Aemet que sirvieron para que algunas instituciones tomaran medidas aquella mañana. La tesis del Consell y de los dos investigados, la exconsellera Salomé Pradas y su 'número dos' Emilio Argüeso, es que nadie previó la envergadura del episodio. Por eso no puede sorprender que la Generalitat Valenciana empleara ese mismo argumento para anular varias sanciones a empresas que, según la Inspección de Trabajo, habían puesto en peligro a sus trabajadores.

La Inspección de Trabajo propuso sanciones a varias empresas por incumplimiento de la normativa de riesgos laborales en plena emergencia pero la administración autonómica, que es la que tiene la última palabra en estos casos, dejó sin efecto las multas atendiendo las alegaciones de sendas compañías. Y uno de los principales argumentos esgrimidos por la Dirección General de Trabajo, dependiente de la Conselleria de Educación que en ese momento dirigía José Antonio Rovira, es que, a pesar de los avisos meteorológicos, el episodio fue un caso de fuerza mayor que exculparía a las compañías.

En las actas de infracción de cuatro casos diferentes, a las que ha tenido acceso

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, los inspectores de Trabajo desestimaban las alegaciones de las firmas recordando que los avisos rojos de Aemet desde primera hora de la mañana suponían un peligro "extraordinario" e inminente con posibles "impactos muy graves o catastróficos", lo que obligaba a tomar "medidas preventivas" como evitar cualquier desplazamiento. Aunque la administración autonómica no lo vió así.

En sus resoluciones, la Dirección General de Trabajo consiedera que la dana fue un caso de fuerza mayor, entendido este como un "acontecimiento extraordinario que surge desde el exterior, imprevisible y que no podría evitarse incluso con la máxima diligencia". Así, cita jurisprudencia del Tribunal Supremo o la Audiencia Provincial de Asturial que consideran este tipo ed eventos como un "obstáculo invencible" que alcanza "cotas fuera de lo común". Y apela a los decretos aprobados por el Gobierno central tras la dana donde hablaba de que había sido el "mayor desastre natural en la historia reciente" del país y que las lluvias habían superado los 600 litros por metro cuaderado en pocas horas.

La administración autonómica reconocía como un hecho que las autoridades habían enviado "alertas y recomendaciones por las fuertes lluvias" pero sostuvo que, de esa información, "no se presagiaba su virulencia y los efectos extraordinarios que provocaron". "La envergadura del fenómeno meteorológico superó los reisgos ordinarios previstos", recogen las decisiones suscritas el pasado mes de octubre, primero por la jefa de servicio de Ordenación Laboral y luego ratificada por el director general de Trabajo Andrés Lluch, según las cuales "no puede apreciarse responsabilidad empresarial en materia preventiva".

Cabe recordar que, como publicó este diario, la Fiscalía investiga la decisión de la Generalitat Valenciana de anular estas multas. Una, a la raditelevisión pública valenciana, À Punt. La unidad de la Fiscalía especializada en Delitos contra la Administración Pública, de reciente creación, estudia la denuncia interpuesta por el Ministerio de Trabajo, que consideró que los acuerdos de la Generalitat se adoptaron "de forma totalmente injustificada" y "evitando de forma consciente la sanción a las empresas por los graves hechos puestos de manifiesto por los inspectores", por lo que a su juicio, la retirada de las multas fue "arbitraria y eventualmente delictiva".

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